Luis Fernando Duque, representante de Centros Poblados, fue sentenciado a cuatro años de prisión por robo de $70.000 millones al Ministerio TIC

Luis Fernando Duque Torres, exrepresentante legal de la Unión Temporal (UT) de Centros Poblados, fue sentenciado a cuatro años y cuatro meses de prisión por fraude procesal y peculado por apropiación en favor de terceros. Además, Duque Torres deberá pagar una multa superior a los $7.000 millones.

La investigación inició a raíz de la millonaria licitación para llevar internet a zonas rurales, responsabilidad del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia durante la dirección de Karen Abudinen. Nunca se logró implementar el proyecto, ya que se detectaron documentos falsificados y la creación de empresas fachada que no cumplían con los requisitos de contratación.

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Luis Fernando Duque Torres firmó un preacuerdo con la Fiscalía en diciembre de 2022, donde se declaró culpable de los delitos imputados. Este preacuerdo, en el que proporcionó información sobre el caso, permitió reducir su condena, cambiando su rol de coautor a cómplice, circunstancia que influyó en la sentencia final de cuatro años de prisión.

El gobierno colombiano no ha recuperado la totalidad de los fondos involucrados en el escándalo. Mauricio Lizcano, ministro de las TIC, afirmó que hasta marzo de este año solo se han recuperado $2.000 millones de los $70.000 millones perdidos durante el gobierno de Iván Duque para el proyecto de conexión de internet en zonas rurales.

La revelación de fraudes en las garantías bancarias marcó el inicio de un complejo caso de corrupción en junio de 2021, relacionado con la adjudicación de un contrato del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación bajo la dirección de Karen Abudinen. El contrato, destinado a proporcionar acceso a internet a comunidades vulnerables en zonas rurales de Colombia, estuvo implicado en un escándalo por el adelanto financiero indebido de $70.000 millones.

Durante el proceso judicial, salió a la luz la presunta implicación de Emilio Tapia, conocido como el “zar de la contratación”. Este empresario fue señalado como el supuesto autor intelectual de la trama para desviar fondos públicos mediante la adjudicación fraudulenta del contrato otorgado a la unión temporal denominada Centros Poblados. Tapia enfrenta serias acusaciones y está bajo investigaciones por parte de las autoridades judiciales.

Luis Fernando Duque, en su papel de representante legal de la UT Centros Poblados, autorizó el desembolso del anticipo de $70.000 millones. Dicho monto fue destinado a las empresas Nuovo Security LLC e Inselsa SAS, permitiendo que Emilio José Tapia Aldana se apropiara de más de $6.000 millones de y que Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, propietario de Nuovo Security, se hiciera con más de $9.000 millones.

Desde el inicio del escándalo, Luis Fernando Duque Torres mostró su disposición a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos. Duque aseguró que toda su cooperación estaba documentada en los interrogatorios, y que no había pruebas de que él haya recibido parte del dinero desviado por Emilio Tapia.

Las investigaciones revelaron que Emilio Tapia habría creado una Unión Temporal ficticia y falsificó documentación para beneficiarse económicamente de manera ilegal. La Unión Temporal Centros Poblados utilizó empresas fantasma y documentos falsos como parte de su operativa fraudulenta, según fuentes judiciales.

Funcionaria del MinTIC estaría implicada en publicación de comunicado falso

Un comunicado falso fue atribuido al Partido de la U. Este documento, que supuestamente respaldaba al candidato Jaime Raúl Salamanca, fue desmentido rápidamente por el partido.

El Partido de la U aclaró a través de sus redes sociales que la información era incorrecta y que su decisión oficial sobre el apoyo a un candidato se daría a conocer el 19 de julio. El comunicado falso fue atribuido a una funcionaria del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Según La FM, se descubrió que el documento fue supuestamente realizado por María Alejandra Páez Porras, asesora del despacho del ministro Mauricio Lizcano. Este hallazgo generó cuestionamientos sobre una posible implicación del ministro, quien hasta el momento no ha hecho declaraciones al respecto.

Páez también negó su participación en el incidente, manifestando no entender cómo su nombre se vio involucrado, según informó W Radio. La examinación del caso apunta nuevamente al despacho del ministerio, lo que aumenta las sospechas acerca de una posible influencia del Ejecutivo en la contienda electoral.