Procesos contra exfuncionarios del DAS acusados de torturar a periodista Claudia Duque están en jaque: Judicatura tomó polémica decisión

Hay al menos cinco procesos que investigan los actos de tortura que vivió la periodista Claudia Julieta Duque por parte de exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que están a punto de prescribir y sin miras de llegar a una sentencia, después de que el Consejo Superior de la Judicatura implementara el pasado 26 de junio una medida destinada a descongestionar el Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

La resolución ordena trasladar diez de los casos más antiguos a otros juzgados. Sin embargo, esta decisión ha generado controversia, especialmente porque entre los procesos afectados se encuentran aquellos relacionados con crímenes contra dirigentes sindicales y periodistas.

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Aunque la decisión fue tomada con el propósito de agilizar los resultados, lo cierto es que la medida terminó por conseguir un efecto contrario, pues los procesos están en etapas avanzadas y próximos a sentencia, lo que levantó preocupación sobre el retraso que provocaría el análisis desde cero por parte del nuevo juzgado, el Juzgado 12 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, según la orden de la Judicatura.

Entre los expedientes a ser transferidos se encuentran el del exguardia del Inpec Javier Morantes Pico, implicado en el secuestro y abuso de la periodista Jineth Bedoya, y cinco casos contra exfuncionarios del DAS por la persecución y tortura psicológica hacia la periodista Claudia Julieta Duque.

La medida generó tanto revuelo que el Juzgado 10 remitió un oficio a los magistrados Diana Remolina y Jorge Enrique Vallejo, del Consejo Superior de la Judicatura, expresando que los casos de gran relevancia, como el de José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, ya se encuentran próximos a fallar.

“El proceso de tortura agravada contra Narváez, en el que Duque es víctima, está en ‘estudio avanzado proyecto de sentencia’”, señala el oficio. Además, el expediente contra el exjefe de inteligencia del DAS Enrique Alberto Ariza, también está listo para fallo, al igual que el caso de Javier Morantes relacionado con Bedoya.

Por su parte, la periodista Claudia Julieta Duque y sus abogados también han manifestado su inconformidad mediante una carta dirigida al Consejo Superior de la Judicatura. En este documento mostraron su preocupación por el riesgo de retraso en la emisión de las sentencias debido a la magnitud y complejidad de los expedientes, algunos de los cuales contienen más de 50 mil folios. Además, advirtieron de la proximidad a la prescripción de los casos, que cumplirán diez años en juicio el próximo 26 de noviembre.

“Nos preocupa que, si bien ambos acuerdos están encaminados a descongestionar y dar celeridad a los trámites, el primero de ellos ordena la redistribución de diez procesos al Juzgado 12 Penal Especializado, entre los cuales entrarían todos los procesos en que la señora Duque es víctima, los cuales están ya para sentencia”, dice la carta de los abogados de Duque.

Añaden que la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos favorece a Duque, reclamando prioridad para la emisión de los fallos. El documento del Juzgado 10 también menciona la reciente creación, por parte del Consejo Superior de la Judicatura, de un cargo de oficial mayor o sustanciador de circuito transitorio para atender exclusivamente estos casos de alto impacto.

Este oficial tendría a su cargo la elaboración de diez proyectos de sentencia mensuales, una meta que no se alcanzaría si los casos son transferidos. “Respetuosamente, solicitamos reconsiderar el envío de 10 de los procesos al juzgado 12 homólogos, menos en este momento”, concluye el oficio.

El Juzgado 10 ha enfatizado que la redistribución no solo no agilizará los procesos, sino que podría tener el efecto contrario, exponiendo los casos al riesgo de prescripción. La medida de la Judicatura en cada expediente podría implicar empezar desde cero con el análisis de pruebas y evidencias.

Asimismo, la periodista Jineth Bedoya, víctima en varios de estos procesos, también advirtió sobre la importancia de que los casos lleguen a una conclusión justa y expedita, por lo que la interferencia en el curso de la justicia se percibe como una barrera para la resolución efectiva de crímenes que han impactado a la sociedad y al periodismo colombiano.