
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió la compulsa de copias por parte de la Fiscalía General de la Nación, en relación con nueve congresistas presuntamente implicados en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esta medida judicial está basada en las investigaciones en curso sobre las presuntas irregularidades durante la administración del exdirector Olmedo López Martínez.
En un comunicado emitido el martes 16 de julio, se detalló que la Fiscalía allegó dos archivos específicos a la Corte Suprema de Justicia. El primero de ellos contiene información relacionada con los congresistas Iván Name y Andrés Calle, destinado al magistrado Francisco Farfán. El segundo archivo se refiere al representante Wadith Alberto Manzur, cuya investigación está bajo la supervisión del magistrado Héctor Alarcón Granobles.
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Además, se mencionó a otros seis congresistas implicados: Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrih Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya.
Estos hechos, según la Sala Especial de Instrucción, serán investigados inicialmente en el mismo radicado a cargo del magistrado Alarcón Granobles debido a la conexidad procesal evidente, dada la posible existencia de un patrón de corrupción administrativa en una entidad pública durante un período específico, con la supuesta participación de altos funcionarios y características similares en las conductas ilícitas investigadas.
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“Esta medida, contemplada en el artículo 90 de la Ley 600 de 2000, permite desarrollar una investigación penal concentrada, en procura de obtener respuesta a unos hechos de interés público. El magistrado Farfán continuará con la investigación que ya venía adelantando”, se lee en el comunicado.
Asimismo, en el comunicado se destacó que el magistrado Farfán seguirá adelante con la investigación en curso.
En medio del escándalo de corrupción, surgieron varias irregularidades relacionadas con el contrato de la Ungrd destinado a la compra de más de 40 carrotanques para proporcionar agua potable a los hogares más necesitados en La Guajira. Se sospecha que hubo un desvío de millonarios fondos bajo la supervisión de Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, ex subdirector de manejo de desastres de la entidad. Tras la revelación de este escándalo, los congresistas mencionados anteriormente se vieron salpicados en el caso.
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Esta es la razón por la que los nueve congresistas están siendo investigados
Sneyder Pinilla reveló que al menos quince congresistas podrían estar implicados en un entramado de corrupción relacionado con el desvío de miles de millones de pesos destinados a la compra de carrotanques para La Guajira.
Según las declaraciones de Pinilla, los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, están entre los primeros congresistas bajo investigación. El magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán.
El exsubdirector de manejo de desastres de la unidad también afirmó que los mencionados congresistas recibieron montos significativos del contrato de los carrotanques como sobornos para respaldar las reformas del presidente Gustavo Petro en el Congreso. Se estima que Name recibió 3.000 millones de pesos y Calle, 1.000 millones de pesos en efectivo.
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Además, Olmedo López señaló al presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Wadith Manzur, como otro congresista implicado en el esquema corrupto. Aunque López no detalló específicamente los beneficios obtenidos por el político ni su rol exacto en las actividades ilícitas de la Ungrd, su nombre figura entre los investigados por la Fiscalía y compulsados a la Corte Suprema.
Los otros siete congresistas mencionados por la Fiscalía para investigación son: el senador Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), el representante a la Cámara Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde), la representante a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz), la senadora Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), el senador Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U), y el representante a la Cámara Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal).
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Aunque estos siete congresistas no fueron directamente mencionados por López o Pinilla en declaraciones públicas, la Fiscalía evaluó el material probatorio suficiente para así compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia.
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