El Consejo de Estado aceptó la demanda del abogado Germán Calderón España para que sea declarado nulo el acuerdo que suscrito por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), el cual modificó el modelo de salud y seguridad en el trabajo de docentes y pensionados.
La demanda precisa que “se declare la nulidad del Acuerdo No. 03 del 1 de abril de 2024, suscrito por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, por el cual, en apariencia “se modifican los lineamientos para la contratación de prestación de servicios de salud para el Magisterio estipulados en los acuerdos 09 del 2016, 05 de 2022 y 03 de 2023 y se dictan otras disposiciones”, pero que realmente modifica el sistema, modelo o régimen de salud del magisterio, por adoptarse sin la competencia para ello”.
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La petición también establece que el consejo directivo de las prestaciones sociales del Fomag dieron por sentado el nuevo cambio en el modelo de salud, pese a que no tenían la competencia para tomar ese tipo de medidas.
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“En cuanto al Comité Ejecutivo, es el organismo de dirección permanente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -Fecode-, representa ante todo el interés general de los trabajadores de la educación. Está obligado a velar por el cumplimiento de los estatutos y demás ordenamientos, así como acatar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General Federal”, explica la demanda.
De acuerdo con el abogado Germán España, el principio de legalidad fue violado, porque según él, no se puede modificar el régimen especial de salud de los que hacen parte del magisterio por decreto, ni acuerdo, ni otro acto administrativo. España indicó que esto llevaría a una falta de competencia del Gobierno para modificar dicho sistema.
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“La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta -FIDUCIARIA LA PREVISORA (actualmente)”, indica la demanda.
Otra razón que llevó al Consejo de Estado a aceptar la demanda interpuesta por España, es que ni el presidente ni los miembros del consejo directivo del Fomag, pueden expedir normas que generen la modificación al régimen especial de la salud, ya que debería ser asumida por el Congreso de la República.
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“No puede ser modificado el régimen de salud especial y exceptuado que tienen los miembros del magisterio por cualquier ley ordinaria, pues, por tratarse de un régimen de salud, cuya materia versa sobre derechos fundamentales, deberá hacerse por ley estatutaria de conformidad con el literal a) del artículo 152 de la Constitución Política de Colombia”, se lee en la petición.
La decisión se da luego de que la Procuraduría General de la Nación diera a conocer que abrió investigación a cuatro ministros del Gobierno Petro por las presuntas irregularidades que dieron por los cambios en el sistema de salud de los profesores.
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Ministros y funcionarios investigados
- Aurora Vergara Figueroa, ministra de Educación saliente y presidenta del Consejo Directivo del Fomag.
- Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo y miembro Consejo Directivo del Fomag.
- Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda y Crédito Público, y miembro Consejo Directivo del Fomag
- Georgina del Carmen Arroyo Gutiérrez, representante de Fecode y miembro Consejo Directivo del Fomag
- Christian Rey Camacho, representante de FECODE y miembro Consejo Directivo del Fomag
- Magda Lorena Giraldo, vicepresidente (e) Fomag — Fiduprevisora y miembro Consejo Directivo del Fomag
- Jhon Mauricio Marín Barbosa, presidente de la Fiduprevisora
- Luis Carlos Leal Angarita, superintendente de Salud
- Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social
Entre los principales señalamientos se encuentra las deficiencias en la caracterización de la población afiliada, lo cual ha resultado en graves repercusiones para los ciclos de vida afectados, especialmente en la adultez y vejez. Además, un número significativo de afiliados al magisterio se ha visto afectado por diagnósticos que requieren tratamientos que no han sido garantizados en términos de calidad y continuidad.
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