Procuraduría publicó pliego de cargos contra exfuncionario de alcaldía de Daniel Quintero

La Procuraduría General de la Nación emitió un pliego de cargos contra Víctor Manuel Quiroz Betancur, profesional universitario de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín en 2023. Quiroz Betancur, en su rol de supervisor del contrato interadministrativo entre la Secretaría de Comunicaciones y Telemedellín, autorizó una adición presupuestal que duplicó el valor inicial del contrato para cubrir los gastos asociados a la rendición de cuentas del exalcalde Daniel Quintero Calle.

El contrato, firmado el 24 de enero de 2023, sufrió una ampliación presupuestaria el 27 de septiembre del mismo año. Su objetivo era desarrollar estrategias de comunicación y planes de medios para la Alcaldía de Medellín.

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Inicialmente, el contrato se fijó en 12.000 millones de pesos, pero durante su ejecución se adicionaron 6.000 millones de pesos. Esta acción, según el Ministerio Público, violó el principio de economía que rige la contratación estatal, el cual promueve la austeridad del gasto y la eficiencia en los procesos administrativos.

Además, la Procuraduría ordenó compulsar copias contra Mónica María Urrego, que era la secretaria de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín en el momento de los hechos. Urrego fue la funcionaria que suscribió la segunda modificación al contrato original.

Inhabilitación de Daniel Quintero por la Procuraduría

En una audiencia celebrada el miércoles 3 de julio, la Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su participación en política electoral en 2022, cuando sugirió votar por Gustavo Petro con la frase “cambio en primera” en un video grabado en su vehículo particular.

“La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular adujo que el exmandatario publicó en sus redes sociales el video en el que aludió a un cambio en primera, fotografías en las que se veía el tarjetón de la consulta del partido referido y material audiovisual refiriéndose de manera explícita a las elecciones de 2022″, comentó la Procuraduría. En el fallo de primera instancia, el ente de control determinó que Quintero quedará inhabilitado por un plazo de seis meses para ejercer cargos públicos, justo horas después de que el exmandatario paisa anunciara un supuesto plan para interrumpir su iniciativa de convertirse en candidato presidencial en 2026.

Quintero criticó duramente la decisión de la Procuraduría, argumentando que esa entidad no tiene potestad para determinar las inhabilidades para cargos de elección popular. “Procuraduría dice que puede sancionar a funcionarios de elección popular a pesar de que la Cidh condenó a Colombia por hacerlo en el caso Petro, y que la Procuraduría es una autoridad administrativa y no penal, elegida por políticos y no por jueces”, escribió en sus redes.

Sin embargo, para el Ministerio Público existe suficiente material probatorio que lo vincularía a las elecciones presidenciales y legislativas de 2022, incluyendo la famosa frase “el cambio en primera”, utilizada en un video que grabó el exalcalde dentro de un vehículo mientras movía una palanca mecánica. Aun así, como Quintero no está ejerciendo su cargo, la sanción se traduce en una multa final de 104 millones de pesos.

Según la Procuraduría, Daniel Quintero hizo públicos contenidos que mostraban afinidad por una coalición política particular. “Es a partir y gracias a la figura del alcalde que las comunicaciones terminaron generando eco y malestar... Lo que hizo fue convertirse en protagonista de comportamientos”, afirmó el procurador Luis Fernando Casas Farfán.

El procurador delegado aseguró que Quintero violó su deber de neutralidad en controversias políticas, afectando su mandato de alcalde sin justificación alguna. Por su parte, la defensa del exalcalde, liderada por el abogado Héctor Carvajal, alegó varias irregularidades en el proceso y argumentó que Quintero no había participado en política a través de los contenidos subidos a la red social X.

Carvajal, quien asistió de manera presencial a la audiencia, sostuvo que el ente de control liderado por Margarita Cabello no tenía la competencia para quitarle los derechos políticos a alguien elegido por voto popular. También argumentó que los mensajes no provenían de la cuenta oficial de la alcaldía, sino de la personal de Quintero.