
La senadora Paloma Valencia ha expresado su preocupación frente a cualquier posibilidad de que el Gobierno quiera implementar una reforma laboral por decreto. Según Valencia, esta estrategia representaría un “golpe blando al Congreso”, atentando contra la constitucionalidad al intentar revivir iniciativas anteriormente rechazadas por el legislativo.
En su cuenta de X publicó una columna en la que da cuenta, pormenorizada, del articulado que no pasó en el Congreso y que es uno de los retos del Gobierno para la próxima Legislatura, que comenzará el 20 de julio.
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Uno de los puntos críticos que menciona la senadora es la negociación sindical por industria. En la actualidad, los sindicatos pueden negociar con sus respectivas empresas por beneficios adicionales. Sin embargo, el borrador del primer decreto propone que todas las empresas de un mismo sector productivo negocien conjuntamente sus beneficios. Valencia advierte que esto podría ser desastroso para las pequeñas y medianas empresas, ya que tendrían que ofrecer los mismos beneficios que las grandes empresas, lo cual podría llevarlas a la quiebra y fomentar monopolios.
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La senadora cuestionó otro borrador de decreto que permitiría las huelgas en empresas de servicios públicos esenciales como transporte, comunicaciones y suministro de agua. Para la congresista del Centro Democrático esto podría paralizar al país y utilizarse como estrategia de presión en contra de cualquier gobierno, comparándolo con el “método FECODE” que, a su juicio, paraliza la educación de millones de niños durante los paros.
Autonomía de las empresas

Otro aspecto de la reforma es la ampliación de las competencias de los Tribunales de Arbitramento, los cuales, según Valencia, podrían imponer restricciones y condiciones más severas que las establecidas por la ley actual. Esto incluiría la capacidad de definir turnos de trabajo y tipos de contrato en las empresas, lo cual, en su opinión, judicializaría las relaciones laborales y complicaría la situación de los empresarios.
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La senadora resalta que uno de los decretos limitaría la libertad de los trabajadores para renunciar a acuerdos colectivos, imponiendo de facto los acuerdos de los sindicatos más fuertes sobre todos los empleados. Esto, según Valencia, conduciría a la desaparición de sindicatos más pequeños y eliminaría la negociación individual entre empleadores y trabajadores.

“Lo único que busca es proteger los empleos de los sindicados y darles más poder. La reforma genera presión sobre los empresarios en un momento dónde el PIB del sector privado decrece en un 0,1% y cuando en lo corrido del 2024 han cerrado más de 228 mil empresas”, escribió.
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Menos creación de empleo
Desde su perspectiva y, en conclusión, la reforma laboral del Gobierno Nacional no contribuirá a la creación de nuevos empleos ni a la reducción de la informalidad. Citando a investigadores del Banco de la República, Valencia señala que la reforma podría eliminar más de 480.000 empleos formales y dificultar el acceso al trabajo formal y con prestaciones sociales para los aproximadamente 13 millones de colombianos que actualmente trabajan en la informalidad. Además, la reforma no abordaría la situación de cerca de 3 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Para la senadora, la reforma está más destinada a favorecer a los grandes sindicatos que apoyaron al Gobierno, en lugar de buscar soluciones que beneficien a todos los ciudadanos. Finalmente, Valencia alerta sobre la presión que esta reforma podría generar en los empresarios en un contexto económico donde el PIB del sector privado ha decrecido y miles de empresas han cerrado sus puertas en lo que va del 2024.
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Añadió que “parece que el gobierno está más comprometido con cumplir a los grandes sindicatos que lo financiaron y apoyaron, que en buscar soluciones que mejoren la vida de todos los colombianos”.
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