Investigación de la Procuraduría sobre contrato de la Aerocivil incluye a un exjefe de UNP y un exdirigente de fútbol

Desde el mes de junio de 2024, la Aeronáutica Civil ha anulado dos contratos millonarios en aeropuertos clave del país, incluido el de Bogotá, debido a errores en los procesos de licitación detectados por la Procuraduría General de la Nación.

El primero de ellos fue una cancelación que se produjo en el aeropuerto Almirante Padilla, de Riohacha (La Guajira), donde se paralizaron obras por un valor de 10.480 millones de pesos. El miércoles 3 de julio, la entidad revocó otro proceso, valorado en 18.000 millones de pesos, destinado a la adquisición de cuatro sistemas de radioayudas para los aeropuertos de Cartagena, Rionegro, Cúcuta y Bogotá, según con información revelada por el diario El Tiempo.

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En ambos casos, el ente investigador señaló irregularidades en los procesos licitatorios, que abarcan desde errores en tablas de Excel, afectando el presupuesto oficial, hasta la transgresión de normas de contratación. Además, se conoció una tercera alerta sobre otra licitación millonaria recientemente adjudicada por la Aerocivil.

De acuerdo con el diario mencionado, el más reciente en la Aerocivil, liderada por Sergio París, está relacionado con unas obras en el aeropuerto El Alcaraván de Yopal (Casanare), elevado a la categoría de terminal internacional por el Congreso el 6 de junio del presente año.

Para el mantenimiento de la infraestructura física de lado aire, incluyendo ayudas visuales, se destinaron 23.619 millones de pesos. El proceso de contratación inició el 27 de diciembre de 2023 y, según la Procuraduría, inicialmente solo se presentó un oferente: el Consorcio C3 Yopal.

Sin embargo, la entidad extendió el plazo para presentar ofertas por cuatro días, del 12 al 19 de febrero. En ese período, se recibieron cuatro ofertas adicionales, entre ellas la del Consorcio AeroYopal, que presentó su propuesta el 22 de febrero a las 6:08 p. m, según el documento en el Secop.

El Consorcio C3 Yopal, convencido de ser el único proponente, envió una carta señalando que “las ofertas presentadas después del 19 de febrero son extemporáneas”. La adjudicación a AeroYopal se formalizó el 30 de mayo.

Actualmente, al menos dos empresas interesadas en el contrato afirmaron que las modificaciones de última hora favorecieron a un grupo con personas influyentes a nivel nacional, en un momento crucial en que el aeropuerto recibió su nueva categoría.

Los socios destacados

Aunque la Procuraduría no menciona a los socios del consorcio ganador, Aeroyopal, el diario El Tiempo reveló sus investigaciones en que los accionistas involucrados, quienes son considerados influyentes por la competencia. La mayoría, con el 90%, pertenece a Cosan SA, una empresa fundada en Cúcuta en los años 80 por ingenieros civiles.

El 10% restante está en manos de Invergranco SAS, que cuenta con tres socios: la empresa Invermoca SAS y dos personas naturales, Diego Fernando Mora Arango y su esposa Luz Carime Caicedo Adib. Mora ha ocupado cargos relevantes, como consejero en el Consulado General de Colombia en Newark en 2018 y director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Adicionalmente, ambos son socios de Invermoca SAS, según un acta del 30 de diciembre de 2023 en poder de El Tiempo. El representante legal de Invergranco es Claudio Javier Cogollo Merlano, empresario deportivo de Cúcuta y exmiembro de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), quien estuvo implicado en el escándalo de reventa de boletas para el Mundial de Rusia 2018.

Por su parte, el representante legal del Consorcio Aeroyopal, Juan Simón Vásquez, negó las acusaciones sobre la presentación extemporánea de su oferta, afirmando que ésta se entregó tanto en la fecha inicial como tras la extensión del plazo otorgada por la Aerocivil.

Vásquez declaró desconocer las advertencias de la Procuraduría y subrayó que no pretenden renunciar al contrato. “Para anular la adjudicación, si así lo decide, la Aerocivil deberá recurrir a un juez”, afirmó.

Además, desestimó las acusaciones de que la ampliación de plazos fue en beneficio de su consorcio. En relación a esto, Diego Mora aseguró no estar vinculado al proceso contractual y que su participación solo responde a cumplir un requisito. Añadió que no mantiene relaciones con funcionarios de la Aerocivil y acusó a otros consorcios de intentar dañar su reputación y manchar su nombre.