Jefe de la delegación de la Cruz Roja señala que hay un claro “deterioro” de la seguridad en algunas regiones de Colombia

Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación colombiana del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), finaliza su misión este viernes, dejando un país donde “ha empeorado claramente” la situación en diversos territorios desde su llegada hace casi cuatro años, de acuerdo con declaraciones obtenidas por la agencia EFE.

En una entrevista con EFE, Caraffi señaló que “desafortunadamente Colombia no es un país en posconflicto y desafortunadamente la situación se ha deteriorado en los últimos años”. Según el CICR, en Colombia hay actualmente ocho conflictos armados: tres entre grupos y el Estado, y cinco entre diversos grupos armados.

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En este contexto, el jefe humanitario italiano advierte: “Colombia todavía necesita ayuda humanitaria”.

Desde su llegada en octubre de 2020, la percepción era que la paz con las FARC en 2016 había puesto fin a décadas de conflicto armado. Sin embargo, Caraffi contradice esta creencia: “Nosotros tenemos el privilegio de estar en el terreno y eso nos permitía decir que había todavía conflictos armados, había todavía consecuencias humanitarias y que a partir del 2018 las consecuencias humanitarias han comenzado a subir”.

A pesar del acuerdo de paz, los grupos armados rápidamente ocuparon los territorios abandonados por las FARC, mientras que las causas profundas del conflicto, como la falta de infraestructura, servicios y oportunidades, no se han resuelto. Las consecuencias de esta situación se han agravado, con un aumento de desplazamientos, confinamientos, asesinatos de líderes sociales, homicidios selectivos y desapariciones forzosas. En los primeros cinco meses de 2024, estos problemas han persistido.

El CICR, en su reciente actualización del informe anual, reporta cifras alarmantes: “hubo un aumento del 101% de víctimas de confinamiento de los primeros 5 meses del 2024 comparado a los primeros 5 meses de 2023; un aumento del 49% del número de víctimas de desplazamiento masivo; un aumento de víctimas de artefactos explosivos del 35%.”

Estas cifras preocupantes se presentan en un momento en que el gobierno de Gustavo Petro busca implementar su política de ‘paz total’, desarrollando tres mesas de negociación con el ELN y las disidencias de las FARC (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia). No obstante, los ceses al fuego pactados en estas mesas, incluido el más largo negociado con el ELN, no han reducido las cifras de violencia.

Caraffi sugiere que se deben pactar medidas concretas para mejorar la situación: “Es evidente que si se comienza por hablar de todas las medidas necesarias que podrían ser útiles para reducir el sufrimiento, eso tendría un impacto marcado muy positivo para esas comunidades”. Y hace un llamado a todas las partes involucradas: “es una responsabilidad de todos los sectores armados hacer todo lo necesario para reducir este sufrimiento”.

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Con experiencia previa en Colombia en 2002, Caraffi puede comparar la situación a largo plazo. En su opinión, aunque la parte central del país ha mejorado, muchas áreas periféricas siguen sufriendo las consecuencias del conflicto armado. Estas comunidades viven en condiciones que no han cambiado significativamente en 20 años.

El CICR continúa llegando a territorios inaccesibles para el Estado y prestando servicios esenciales a las comunidades más afectadas. La confianza en el CICR se refleja en el aumento de personas liberadas con su ayuda: “el año pasado fueron 66 personas; habían sido 63 en 2022 y 27 en 2021″.

Si el CICR no estuviera en Colombia, Caraffi reflexiona que “no habría la posibilidad de mitigar las consecuencias de los conflictos armados” como lo hace actualmente esta organización humanitaria.

Con información de EFE*