Desde septiembre pasado, la Policía Nacional ha estado en alerta debido a posibles fallas en el esquema de seguridad de la familia del presidente Gustavo Petro, con especial atención a su hija Sofía Petro.
Según documentos obtenidos por El País, la Policía ha señalado comportamientos irregulares por parte de algunos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), situación que pone en riesgo la integridad de los miembros de la familia presidencial.
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El caso ha cobrado relevancia tras revelarse que la primera dama, Verónica Alcocer, y la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, solicitaron el retiro de ciertos escoltas de sus esquemas de seguridad, una petición que Augusto Rodríguez, director de la UNP, negó rotundamente.
Sin embargo, Rodríguez sí tenía conocimiento desde enero de las inconformidades con varios escoltas asignados, como lo reportan diversos documentos analizados por la Procuraduría General de la Nación.
El 29 de enero de 2024, el teniente coronel Carlos Feria, encargado de la protección presidencial, envió un oficio a Rodríguez, alertando sobre las irregularidades en el comportamiento de los escoltas de Sofía Petro Alcocer, de 22 años.
Entre las quejas, se destaca la denuncia por discriminación de género que interpuso la capitana Paula Andrea Russi, jefa de protección de Sofía, contra el escolta Jhon Fredy Salazar.
“Este hacía uso de los vehículos asignados al esquema de seguridad a su libre albedrío, sin informar de las actividades que realizaban”, escribió Russi en su carta.
Además, se han registrado incumplimientos en los horarios de trabajo de los escoltas. El 19 de enero, en Sincelejo, Sucre, los tres escoltas asignados a Sofía Petro no proporcionaron el vehículo para su retorno, lo que forzó a la capitana Russi a utilizar un vehículo no asignado y apoyarse en la logística de los escoltas de la hermana menor de Sofía, Antonella Petro Alcocer.
“Esa noche, los escoltas llegaron a las 22:20 sin justificación alguna por su retraso”, se menciona en el informe de la capitana.
En reiteradas ocasiones, los escoltas retiraron los vehículos asignados sin autorización, dejando a Sofía Petro sin protección adecuada para sus desplazamientos.
Ante estos hechos, el coordinador de protección del presidente y su familia emitió un memorando a Augusto Rodríguez el 27 de enero, resaltando las múltiples irregularidades.
Una diligencia de descargos fue citada el 6 de febrero por Alliance Risk & Protection para Jhon Fredy Salazar, abriendo un proceso disciplinario laboral contra él. Anteriormente, Salazar ya había sido llamado a atención el 4 de septiembre de 2023 por parte de los responsables de seguridad de la presidencia.
Por su parte, Sofía Petro le dijo a El País que pasa pocos días al año en Colombia y no está al tanto de las denuncias sobre su esquema de protección. “No da mucho tiempo para enterarme en profundidad de lo que sucede”, explicó.
La respuesta de los escoltas
Tres escoltas de la UNP que prestan servicios de seguridad a la primera dama, Verónica Alcocer, presentaron una queja formal a la Procuraduría General por presunta extralimitación de funciones de varios funcionarios de la Policía Nacional.
En la queja, mencionan específicamente al jefe de seguridad de la Presidencia, coronel Carlos Alberto Feria, al coordinador de protección del presidente y su familia, Jhonatan Alfonso Bernal, y a la teniente Kelly Daniela Lozano.
En el documento enviado a la Procuraduría, los escoltas reclaman que no son subordinados de la Policía Nacional, ya que están contratados a través de empresas temporales. Argumentan que esta situación ha llevado a una vulneración de su derecho al trabajo. Afirman que inclusive la misma Policía ha elevado peticiones para que sean despedidos de la UNP, algo que el director de la unidad, Augusto Rodríguez, ha negado públicamente.
“Envían informes mintiendo y faltando al código de ética policial que ellos mismos promulgan en cada uno de sus deberes diarios como policías”, se detalla en la queja.
Los escoltas dedicaron gran parte de su denuncia a desmentir las acusaciones de incumplimiento laboral lanzadas por los oficiales encargados de proteger la presidencia.
Por ejemplo, niegan las afirmaciones del mayor Jhonatan Alfonso Bernal, quien, según ellos, advirtió falsamente que los escoltas no brindan servicios de protección adecuados a la primera dama Verónica Alcocer. “Reiteramos que como escoltas no tenemos ninguna información de inteligencia”, se lee en una parte del documento, distanciándose así de las funciones de los uniformados.
Otro punto relevante de la denuncia es que mencionan reuniones en el Palacio de Nariño entre el coronel Feria, Laura Sarabia y Verónica Alcocer, desde junio de este año, supuestamente para tratar temas de campañas de desprestigio vía WhatsApp. Aunque no adjuntaron evidencia concreta, indicaron que esta información coincide con lo que se ha circulado en redes sociales y medios de comunicación en los últimos días.
Las acusaciones han generado gran revuelo, ya que desde septiembre del año pasado se han elevado alertas por posibles irregularidades en la seguridad de la familia del presidente, Gustavo Petro. Sin embargo, ninguna entidad ha priorizado el tema hasta el momento.
Desde la UNP se dijo que los contratos de los escoltas están tercerizados y son manejados por empresas privadas. Por su parte, Rodríguez ha intentado alejar el foco del conflicto negando que se trate de un tema político y afirmando: “No hay ninguna guerra interna”.
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