
En un comunicado emitido por el Bloque Jorge Suárez Briceño, parte del Estado Mayor Central (EMC) que está en negociaciones con el Gobierno, amenazan a los exguerrilleros que residen en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Miravalle, en San Vicente del Caguán (Caquetá) lo que provocó preocupación entre los colombianos y especialmente entre los líderes políticos atentos a la seguridad del país.
En respuesta a las amenazas, los desmovilizados señalaron: “¡No es un adiós, es un hasta siempre! Nuestra salida de la vereda Miravalle, ubicada en la Zona de Reserva Campesina del río Pato y valle de Balsillas, es un hecho real e inminente. Nos vemos obligados a salir del territorio, del espacio de reincorporación, de nuestro hogar, nuestro querido ‘filo’, lugar matriz, cuna de inspiración natural de nuestros proyectos (sic)”.
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La razón de esta decisión, según un comunicado del Etcr, es “la imposibilidad de permanencia y convivencia con la guerra, con la confrontación armada, que después de 7 años, está de regreso en nuestros territorios. Hemos quedado en medio de una absurda disputa entre las guerrillas del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia hasta el punto del ahogo, sofocando las posibilidades de continuar nuestras operaciones turísticas y deportivas en nuestra vereda”.

El Etcr también destacó sus esfuerzos por la paz y la reconciliación: “La decisión de cambiar los fusiles por los remos, fue justamente para navegar hacia nuevos horizontes, por la construcción de la paz, la reconciliación, la protección de la naturaleza, y con ello, generar nuevas oportunidades, posibilidades de arraigo para los firmantes y comunidades, opciones de vida en este agreste piedemonte Patuno, hogar de gente de empuje y resistencia”.
Las disidencias solicitaron atención al presidente Gustavo Petro y a la comunidad internacional: “Hacemos un llamado al Estado en cabeza del Gobierno nacional para que garantice la vida y la seguridad en los territorios. A los actores armados es urgente asumir una voluntad y compromiso de paz para detener la absurda guerra y salvaguardar a las comunidades que por tantos años la han sufrido. A las entidades territoriales, organismos internacionales y sociedad civil en general, hoy más que nunca, requerimos de su acompañamiento, apoyo y solidaridad”.
Líderes políticos pidieron garantías para que se cumpla el Acuerdo de Paz
Las reacciones no se hicieron esperar. El expresidente Juan Manuel Santos, en cuenta de X, instó al Gobierno de Gustavo Petro a implementar las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz de 2016.
“Lo que está sucediendo en Miravalle con el EMC es totalmente inaceptable. El Gobierno tiene la obligación de implementar las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz, recuperar el control del territorio, y proteger la vida de los firmantes y de las comunidades comprometidas con la construcción de paz”, expresó Santos.

El partido político Comunes también se manifestó en redes sociales, destacando que los firmantes de Miravalle son nuevas víctimas del conflicto: “Aunque algunos se aferren a la guerra: ‘¡No vamos a desistir!’ Es muy doloroso tener que dar esta noticia: Los y las firmantes de paz de Miravalle, San Vicente del Caguán son las nuevas víctimas de desplazamiento forzado de quienes nunca entendieron que no hay nada más revolucionario que darle fin a la guerra”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, también se pronunció en la red social X, al enfatizar la obligación del Gobierno de ofrecer garantías a los firmantes de paz.
“Este es un hecho de suma gravedad. Todas las disidencias tienen que comprometerse a respetar a los firmantes de paz y sus proyectos de vida en la legalidad. También el Gobierno nacional está obligado a cumplir y a hacer cumplir esos acuerdos”, afirmó Velásquez.

Sandra Ramírez, firmante y senadora de la República por el Partido Comunes, calificó de “inaceptable” la situación en Miravalle.
“Los firmantes de paz del ETCR de Miravalle, Caquetá, saldrán desplazados de su territorio por amenazas de las denominadas ‘disidencias’ que están en proceso de diálogo de paz con el Gobierno. ¡Inaceptable hablar de paz y luego amenazar a las comunidades! (sic)”, expresó Ramírez.

Así mismo, el representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, del Partido Polo Democrático, reiteró las denuncias de los firmantes y exhortó al Gobierno a proporcionar garantías:
“Esto no puede estar pasando: presidente @petrogustavo los reincorporados del ETCR de Miravalle se van a retirar porque el EMC-FARC y los MARQUETALIANOS los tienen amenazados. El Gobierno debe dar garantías @mindefensa @Ivan_Velasquez_ @PoliciaColombia y la comunidad internacional acompañar @ONUHumanRights @MisionONUCol. Estos grupos están en mesas de negociación y se les debe exigir respeto por estas comunidades de reincorporados que apostaron a la paz”, señaló Uribe.

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