El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) se pronunció respecto de las denuncias hechas por su sindicato, relacionadas con la contratación directa de empresas involucradas en casos de corrupción y por posible tráfico de influencias en la entidad dirigida por Elizabeth Blandón, desde agosto de 2023.
Según la entidad, sus procesos de selección de proveedores y contratistas se realizan “en estricta conformidad con el régimen legal”, específicamente con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.
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En ese sentido, el Icfes aseguró que se rige bajo los principios de planeación y publicidad exigidos en la ley, realizando una gestión “transparente, oportuna y pública”. Esto, señaló en el comunicado, se evidencia en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II), donde se puede consultar la información correspondiente.
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El Icfes destacó que nunca ha sido notificado por ningún organismo de control por irregularidades en sus procesos. Al respecto, la entidad indicó: “Estamos como siempre, dispuestos a entregar la información oficial y verídica de nuestra transparencia y ejecución de lo actuado, reconociendo que es un derecho de la ciudadanía y la opinión pública”.
En relación con los contratos celebrados que son objeto de controversia, la entidad subrayó que estos son el resultado de procesos de contratación “transparentes y objetivos”. Estos procedimientos, de acuerdo con el Icfes, incluyen un respectivo estudio de mercado y cumplen con todos los requisitos normativos aplicables.
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Finalmente, el Icfes solicitó a los entes de control y autoridades competentes a intervenir, acompañar y verificar dichos procesos de selección con celeridad, con el fin de brindar tranquilidad a la ciudadanía y a los jóvenes usuarios de sus servicios.
El escándalo va más allá de presuntas irregularidades en contratación: ¿nepotismo?
El Icfes enfrenta serias acusaciones de irregularidades en sus procesos de contratación, centradas en convenios directos con empresas como Infotic y Emtel. Estas acciones han generado desconfianza en la transparencia de la entidad y han motivado llamados a investigaciones exhaustivas.
El caso que genera mayor preocupación es el contrato directo con Infotic en abril de 2024, por un valor de $7.600 millones. Esta empresa, presuntamente implicada en controversias por actos de corrupción, fue contratada para implementar una plataforma informática necesaria para los exámenes profesionales del Consejo Superior de la Judicatura. La supuesta ausencia de un proceso de licitación pública en esta contratación levantó serias dudas sobre la transparencia y equidad en la adjudicación de contratos.
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Por otro lado, Emtel, una entidad mixta con mayoría de la Alcaldía de Popayán, fue objeto de críticas al recibir un contrato por $3.600 millones. Este contrato, también adjudicado de manera directa, estaba destinado a proyectos de transformación digital en el Icfes.
El escándalo no quedó allí. También se denunciaron posibles vínculos políticos dentro de la administración de la actual directora, Elizabeth Blandón. Al menos dos altos funcionarios nombrados por Blandón tendrían vínculos con el exsenador Julián Bedoya, quien enfrenta cargos de fraude por falsificación de su título de abogado, según informes de Cuestión Pública.
Ana Cecilia Valencia, subdirectora de Talento Humano en el Icfes, y Blanca Irene Echavarría Lotero, secretaria general de la misma entidad, son las personas presuntamente involucradas, según el medio citado.
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El sindicato del Icfes y diversos actores del sector educativo han solicitado a la ministra de Educación, Aurora Vergara, que considere la destitución de la actual directora del Icfes, Elizabeth Blandón, por las presuntas irregularidades dentro de la entidad.
Además, pidieron a la Procuraduría General de la Nación que abra una investigación formal encaminada a encontrar respuestas sobre la presunta contratación directa de empresas involucradas en casos de corrupción y el posible tráfico de influencias.
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