Caso Meritage: Colombia ganó pleito billonario en Estados Unidos por megapredio de la mafia

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió una sentencia a favor de Colombia en el caso denominado Meritage. El pleito había sido iniciado por el inversionista Ángel Samuel Seda, el cual demandaba al Estado colombiano por $389 millones de dólares, equivalentes a más de un billón de pesos colombianos.

El proyecto Meritage fue impulsado por el empresario Seda y un grupo de socios que adquirieron terrenos cercanos al peaje de Las Palmas, en Envigado. El capitalista contó con conceptos técnicos de reconocidas firmas que aseguraban que los terrenos no presentaban problemas; sin embargo, en 2016, la Fiscalía comenzó un proceso de extinción de dominio sobre 55 hectáreas, alegando que pertenecían a Iván López, un presunto miembro de la Oficina de Envigado, que fue extraditado y afirmó haber sido despojado de los terrenos por el grupo ilegal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En ese sentido, la entidad judicial confiscó el bien en el que se había invertido para tener 35 locales, 114 apartasuites y 116 casas. La Fiscalía, en su momento, consideró que el lote había pasado por testaferros de la Oficina de Envigado y hasta por el narcoparamilitar Héctor Restrepo Santamaría, alias Perra Loca.

Jhon Jairo Camargo, actual jefe de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), informó desde Washington (Estados Unidos) que Colombia ganó la demanda relacionada con el ‘narcobien’ de Meritage.

“Es la primera vez en la historia que un país logra ganar la ‘excepción de seguridad esencial’, es decir, que el Estado pueda adoptar medidas legítimas de extinción de bienes para proteger los bienes de un país de cara a un flagelo como el narcotráfico”, señaló Camargo para el diario El Tiempo.

La defensa de Colombia se centró en la excepción de Seguridad Esencial, un argumento que permite a los estados adoptar medidas necesarias para proteger sus intereses fundamentales frente a amenazas significativas, como el narcotráfico. Esta medida había sido poco utilizada y nunca antes con éxito en el ámbito del Ciadi, lo que convierte este fallo en importante para la nación.

En julio de 2024, un grupo de inversionistas norteamericanos, que había financiado el proyecto Meritage en Medellín, demandó a Colombia por una cifra que ascendía al billón de pesos. La demanda fue interpuesta a través de la firma de abogados Gibson Dunn & Crutcher LLP. Los inversionistas alegaban que la intervención de la Fiscalía había impedido la culminación de la construcción del proyecto, ya que lo consideraban uno de los planes hoteleros y de vivienda más ambiciosos de la última década en el país.

El proyecto Meritage se enfrentó a complicaciones legales cuando la Fiscalía embargó el terreno en 2016, a pesar de que inicialmente se había asegurado que el sitio estaba libre de actos criminales, como se mencionó previamente. Luego, Iván López Vanegas, absuelto de cargos de narcotráfico en Estados Unidos, regresó a Colombia y alegó que el predio era suyo. Según el hombre, la Oficina de Envigado había secuestrado a su hijo y lo obligó a firmar papeles en blanco para despojarlo de la propiedad.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, Perra Loca, desde su residencia en Titiribí, Antioquia, proporcionó información clave que podía evitar que Colombia pagara la millonaria demanda. El exnarcoparamilitar admitió ser el dueño original de Meritage y explicó que López y su hijo habían perdido el lote debido a una deuda de cocaína con un capo conocido como Botija, por lo que la deuda fue saldada con el lote, valuado en $10.000 millones.

A pesar de la confesión de Perra Loca, los abogados estadounidenses insistieron en que un polígrafo realizado a López por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) comprobaría la veracidad de su testimonio sobre el secuestro y la pérdida del terreno.

Ante esto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se defendió con los servicios de la firma GBS Disputes. Jhon Camargo utilizó un recurso ante el Ciadi con el argumento de que Colombia no podía ser condenada porque el proyecto Meritage fue financiado con dineros del narcotráfico, una tesis rara vez aceptada en el arbitraje internacional, pero que en este caso fue clave.

Para el equipo dirigido por Camargo, Colombia tenía todo el derecho de confiscar el predio de Meritage porque necesitaba cumplir con sus obligaciones respecto al mantenimiento de la paz y proteger sus intereses en materia de seguridad. Para ello, invocó la figura de “seguridad esencial”, en el que alegaron que el Estado nunca vulneraron el derecho de un inversionista, pero no podían permitir una inversión auspiciada por los dineros del narcotráfico. Tras años de pruebas, el Ciadi emitió el laudo arbitral y falló a favor de Colombia.