
En medio de tensiones crecientes, el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, enfrenta un desafío a su mandato democrático con la entrada de unidades militares al Palacio de Gobierno en La Paz. Este movimiento ha provocado una respuesta contundente tanto a nivel local como internacional, incluyendo fuertes críticas y llamados a la defensa de la democracia por parte de figuras políticas prominentes de Colombia.
El presidente boliviano denunció públicamente los movimientos de tropas como “irregulares” y una amenaza a la democracia. En declaraciones que hizo en su cuenta de X, Arce afirmó: “Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse.”
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En Colombia, las reacciones no se hicieron esperar. Roy Barreras, actual diplomático en Londres y figura reconocida en la política, condenó enérgicamente los eventos en Bolivia: “Todo intento de golpe de Estado es repudiable. La democracia no puede ser violada por militares con armas que el pueblo les ha encomendado para defenderla. América Latina toda debe rechazar este atropello y respaldar el gobierno legítimo. Los relevos de poder en democracia se hacen en las urnas!”.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, también expresó su solidaridad con el pueblo boliviano y su presidente, por lo que rechazó cualquier tipo de amenaza contra la democracia.
“Condenamos rotundamente el golpe de Estado en Bolivia. Manifestamos nuestro respaldo y solidaridad al pueblo boliviano y a su presidente Luis Arce. América Latina unida contra cualquier intento de frenar la búsqueda de mejores condiciones de vida, no podemos permitir ningún ataque a nuestras democracias. La voluntad de los pueblos se respeta”, se lee en su post, en la red social X.

Heidy Sánchez, concejala del Pacto Histórico, también se pronunció sobre la situación boliviana, por lo que llamó a una condena global: “El levantamiento de algunas unidades del ejército de Bolivia en contra del gobierno legítimo de @LuchoXBolivia debe ser repudiado enérgicamente por el mundo. La voluntad popular no puede ser avasallada, la democracia debe ser defendida. No al golpe de Estado”, afirmó la líder política en un mensaje difundido por redes sociales.

Desde la Cancillería de Colombia se emitió un comunicado oficial en el que expresaron la posición del Gobierno colombiano: “El Gobierno de la República de Colombia repudia enérgicamente las acciones de algunas unidades del ejército del Estado Plurinacional de Bolivia en inmediaciones del Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz, que amenazan con la ruptura del orden constitucional en ese país y atentan de manera directa contra la democracia y la estabilidad de la región”.
“Colombia se solidariza con el hermano pueblo de Bolivia y su presidente Luis Arce, y exige que se restablezcan las vías institucionales de diálogo y respeto por los derechos humanos”, se leyó en el documento oficial.

La senadora María José Pizarro, conocida por su activismo político dentro del Pacto Histórico, reafirmó su apoyo a Arce y a la democracia boliviana: “Todo nuestro respaldo al presidente del hermano pueblo de Bolivia @LuchoXBolivia ante el intento de golpe de estado de una parte del ejército. Las fuerzas armadas deben acatar la voluntad soberana del pueblo representada en su gobierno”.

Por su parte, Andrés Forero, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, enfatizó la importancia de respetar los principios democráticos más allá de las diferencias políticas.
“Rechazo enérgicamente el intento de golpe de estado en Bolivia. La defensa de los valores democráticos no puede estar condicionada a las afinidades políticas e ideológicas”, declaró el congresista.

En un tono similar, el representante David Racero compartió su preocupación y solidaridad con el pueblo boliviano: “Rechazo total ante la amenaza de golpe militar que pone en riesgo la democracia en Bolivia”.

Las reacciones de los políticos colombianos reflejaron una preocupación compartida por la estabilidad democrática en América Latina, donde los intentos de ruptura del orden constitucional pueden tener repercusiones significativas en la región.
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