Un grupo de ciudadanos adelanta una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que busca modificar los impuestos asociados a la tenencia y porte de armas, porque les parece injusto que tengan que pagar este gravamen sin poder llevarlas consigo.
En Colombia hay más de 340 mil personas que tienen permisos de porte de armas, sin embargo, desde el 2015 se han expedido decretos en los que se prohíbe portar armas en áreas comunes y lugares abiertos al público, a pesar de contar con el salvoconducto.
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Por esa razón, un grupo de demandantes representados por el abogado Pedro Chaustre consideran que el impuesto al porte ha generado un daño antijurídico a las personas que cuentan con los permisos y han pagado las obligaciones, a pesar de no poder llevar las pistolas consigo.
“Se han pagado conceptos por porte de armas de fuego, pero realmente el Estado no permite portar. No es lo mismo la tenencia y el porte, con esta última usted puede salir con su arma de fuego y con la primera solo se permite tenerla en su casa”, afirmó el abogado Chaustre a El Tiempo.
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De hecho, las normas establecen diferencias entre la tenencia, que se entiende como la “posesión de un arma dentro de un bien inmueble registrado”, casos en los cuales la autorización para su uso solo corresponde al titular del inmueble o moradores.
Mientras tanto, el porte se específica como la “acción de llevar consigo o al alcance un arma de defensa personal, con el respectivo permiso expedido por autoridad competente”. En este se encuentran los permisos de Estado y permisos especiales para los civiles, que pueden ser nacionales o regionales.
Los demandantes alegan que a pesar de no poder portar las armas en la calle, si no pagan el impuesto, sí son sancionados con multas y suspensión del permiso. Por lo tanto sostienen que ese gravamen que algunas personas han pagado durante los casi nueve años de prohibición es inconstitucional.
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“El Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares, Departamento de Control-Comercio de Armas y explosivo e Indumil, están recibiendo unos dineros sin que medie contraprestación alguna de su parte”, aseguró el abogado que avanza en la acción jurídica para desmontar el impuesto.
No se trata de un asunto menor, debido a que los demandantes piden una indemnización que superaría los 32 mil millones de pesos por cuenta de los recursos recaudados por el Estado, pese a que no existe beneficio para los contribuyentes sobre ese gravamen.
Desde la Industria Militar Colombiana (Indumil) respondieron en el trámite de la demanda, según citó El Tiempo, desestimando el daño jurídico de grupo, al asegurar que no se cuenta con sustento en la demanda de esa afectación, debido a que es elección de la persona pagar por el porte del arma o no.
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La demanda lleva más de seis años en el despacho del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero tiene agendada una audiencia para el 25 de junio en el que las partes como conciliación, pero de no lograrse continuaría el trámite para entrar de fondo a estudiar las pretensiones de los demandantes y la regulación del porte de armas en el país.
El presidente Petro extendió la prohibición
Mediante el decreto 2267, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha extendido la medida que prohíbe el porte de armas de fuego en toda Colombia durante el año 2024. Esta extensión forma parte de las políticas de seguridad que el actual gobierno ha decidido mantener para el próximo año, suspendiendo todos los permisos de porte de armas en el territorio nacional.
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Según el documento firmado por Ana Catalina Cano Lodoño, viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa, la prohibición será vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024. Este decreto ha sido emitido con miras a “conservar el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”, destacando la intención del gobierno de mantener y recuperar la tranquilidad y seguridad en el país.
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