Everth Veloza, alias HH, excomandante del Bloque Bananero de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), se pronunció en La W sobre la reciente condena contra Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares en Colombia.
Veloza afirmó que “todas estas empresas en fincas bananeras apoyaron a grupos paramilitares”. Además, reveló la participación de otras compañías en la financiación de las AUC, indicando que “Postobón y Coca-Cola también aportaron dineros”
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Veloza detalló que durante el conflicto muchas empresas realizaron aportes económicos sin que estos fueran obligados.
En palabras del propio Veloza, “en ningún momento los aportes fueron obligados”. Esta declaración pone en entredicho la narrativa de que las empresas bananeras actuaron bajo coacción, sugiriendo un apoyo más voluntario a los paramilitares.
Siguiendo con sus declaraciones, Veloza expresó un profundo arrepentimiento por su participación en la guerra. “En la guerra, yo estaba convencido de que estábamos haciéndole un bien al país, pero ahora sé que le hicimos un mal”, puntualizó.
Veloza también reveló órdenes específicas recibidas por parte de Vicente Castaño, otro líder paramilitar. “Vicente Castaño me envió con la orden de liberar el norte del Cauca”, afirmó. Esta acción, según Veloza, tenía la finalidad de beneficiar a empresarios de la región con exenciones fiscales. La relación entre la presencia paramilitar y los beneficios económicos para ciertos sectores empresariales es un tema recurrente en sus declaraciones.
A lo largo de su intervención, Veloza hizo un llamado a la verdad y la reconciliación, subrayando la importancia de reconocer la responsabilidad de quienes financiaron a las AUC. “En estos procesos, debemos contar la verdad de quiénes fueron los responsables para que esto no se repita”, declaró, añadiendo una disculpa pública por su rol en el conflicto.
Finalmente, Veloza advirtió sobre la continuidad de la financiación de grupos criminales por parte de sectores empresariales. “Si los que nos financiaron a nosotros siguen financiando a otros grupos criminales, esto nunca va a cambiar”, enfatizó, sugiriendo que la lucha contra la violencia y la impunidad en Colombia sigue siendo un desafío vigente.
Para analistas, las palabras de HH siembran grandes dudas, por lo que es importante que aporte pruebas a lo que dice. Asimismo, se espera que las empresas mencionadas se pronuncien al respecto.
Las bananeras y los paramilitares
La historia de las empresas bananeras en Colombia está marcada por una sombría relación con los grupos paramilitares. A lo largo de décadas, estas multinacionales han sido acusadas de financiar a organizaciones armadas ilegales, contribuyendo así a la violencia y la pérdida de vidas en el país. Uno de los casos más notorios es el de Chiquita Brands International, una de las principales productoras de banano a nivel mundial.
Chiquita Brands International, antes conocida como United Fruit Company, tiene una historia turbulenta en Colombia. Fundada en 1870, esta empresa estuvo involucrada en la masacre de las bananeras en 1928, cuando el Ejército Nacional reprimió violentamente una huelga de trabajadores.
Entre 1997 y 2004, Chiquita Brands proporcionó una suma de 1.7 millones de dólares a las AUC. Estos pagos, inicialmente calificados como extorsiones, se utilizaron para apuntalar la violencia del grupo paramilitar en la región bananera de Urabá. Las AUC cometieron miles de homicidios y desapariciones forzadas durante ese período.
Uno de los casos emblemáticos es el de “David”, un trabajador de una plantación bananera. Fue ejecutado por paramilitares en 1997 en la región costera de Urabá. Su familia también sufrió: su hija y su cuñada desaparecieron, y otro miembro de la familia fue amenazado de muerte.
Recientemente, un tribunal federal de Estados Unidos declaró a Chiquita Brands International responsable de financiar a las AUC. La empresa deberá pagar 38.3 millones de dólares en concepto de indemnización a las víctimas. Este veredicto es un hito jurídico, ya que es la primera vez que una gran empresa estadounidense es responsabilizada por complicidad en graves violaciones de derechos humanos en otro país.
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