La violencia en la zona suroccidental del país continúa, pues en la tarde del martes 18 de junio de 2024, se confirmó un atentado a la subestación de Policía en el corregimiento de Robles, Jamundí, en el Valle del Cauca.
La información la confirmó el comandante de la Policía de Cali, coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, que a través de un video compartió detalles de lo sucedido, y comenzó por explicar que los artefactos fueron lanzados desde la salida que da al corregimiento de Timba.
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“Se presenta la detonación de artefactos explosivos improvisados que fueron lanzados desde la salida hacia el corregimiento de Timba a la subestación de Policía en Robles”, aseguró el coronel.
En cuanto a las afectaciones, el coronel Oviedo confirmó que no se registraron pérdidas humanas, aunque uno de los artefactos detonó en el parque principal “y el otro causó daños materiales a la instalación de una vivienda, sin generar afectación a la integridad y vida ni de los policías ni de la comunidad”.
Asimismo, luego de que los artefactos fueron detonados, miembros del Ejército Nacional hicieron presencia en la zona con el fin de mantener la seguridad y así volver a controlar el corregimiento.
“De manera inmediata se recibió un acompañamiento por parte del Ejército Nacional y en este momento estamos desplegando actividades con la seccional de investigación criminal con el fin de tomar nuevamente el control en este corregimiento del municipio de Jamundí”, concluyó el coronel Oviedo.
Las reglas de las disidencias en Jamundí
Desde hace varios meses, los habitantes de Jamundí han sido testigos de ráfagas de fusil y explosiones de granadas, mientras que las fuerzas del orden continúan enfrentando una situación crítica en la región.
Pero, no solo los actos terroristas generan temor entre los ciudadanos, dado que se conoció que los residentes deben portar documentación con su nombre y número de cédula para transitar sin inconvenientes por la zona rural de Jamundí, que abarca 600 kilómetros cuadrados.
Así lo confirmó El Tiempo, que informó que esta identificación es exigida en los corregimientos de Villacolombia, Potrerito, San Antonio, La Liberia y Timba, y es autorizada por el frente Jaime Martínez, bajo el liderazgo de Iván Mordisco.
Además de este control, los pobladores han denunciado que las disidencias cobran hasta 10 millones de pesos e imponen trabajos forzados, según el medio citado, también se exige información detallada sobre los vehículos, incluidos los tipos y números de placa de las motocicletas.
Ante esta situación, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, enfatizó la necesidad de aumentar las medidas de seguridad y solicitó al Gobierno nacional una mayor presencia militar.
En este sentido, Toro señaló que se requieren más horas de vuelo de la Fuerza Aérea y la llegada de 200 soldados adicionales del Batallón Pichincha.
“Faltan más horas de vuelo de la Fuerza Aérea y eso es muy importante para poder lograr que el Ejército y la Policía puedan avanzar en su ofensiva contra los grupos armados. Estamos a la espera de los otros 200 soldados que nos están debiendo del Batallón Pichincha, necesitamos más apoyo del Gobierno nacional para recuperar la seguridad en el Valle”, aseguró la gobernadora.
Toro también anunció la construcción de un Batallón de Alta Montaña en Villa Colombia, como parte de los esfuerzos para mejorar la seguridad, pues explicó que los recientes atentados podrían ser una reacción a la presión ejercida por la Fuerza Pública contra los grupos armados.
Por su parte, Jairo Alfonso Escobar, residente de Villacolombia, declaró a El Tiempo: “Viajo con miedo todos los días en la moto con mi compañero. Pero lo hago por la necesidad de llevar dinero a mi familia. Es mejor que la noche no lo coja a uno, tanto que acá en Villacolombia, la gente se queda en sus casas antes del anochecer por seguridad”.
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