Tribunal Administrativo de Antioquia admitió demanda contra constructores de Hidroituango

En la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, el magistrado Andrew Julián Martínez admitió la demanda por cerca de diez billones de pesos en contra de los constructores de Hidroituango, hidroeléctrica que generó serios problemas en su construcción.

La Empresas Públicas de Medellín (EPM) pretende recuperar la millonaria cifra que invirtió para el funcionamiento de Hidroituango a causa de los problemas que presentó en 2018.

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El documento del Tribunal Administrativo de Antioquia revelado por Semana precisa que “se admite la demanda del medio de control de controversias contractuales consagrado en el artículo 141 del CPACA, presentada por Empresas Públicas de Medellín contra el Consorcio Generación Ituango”.

El documento explicó que el Consorcio Generación Ituango está “conformado por las sociedades Integral S.A e Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S.; el Consorcio CCC Ituango: conformado por las sociedades Camargo Correa Infra Constructores S.A, Constructora Conconcreto S.A y Coninsa Ramón H S.A.; el Consorcio Ingetec - Sedic: conformado por las sociedades Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A.S y Sedic S.A.; Seguros Generales Suramericana S.A. y Chubb Seguros Colombia S.A.”.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero, a través de sus redes sociales, celebró la decisión: “El Tribunal Administrativo de Antioquia acaba de admitir la demanda que interpusimos contra los ‘constructores’ de Hidroituango en el mayor escándalo de corrupción en la historia de Antioquia. 2.500 millones de dólares. 10 billones de pesos”.

Y agregó: “Esta es la demanda más grande de la historia interpuesta por una entidad territorial: 2.500 millones de dólares y toca a los grandes poderes de Antioquia incluidos dueños del Colombiano como Conconcreto”.

Quintero también explicó que en 2018 se presentó una de las mayores crisis en el territorio nacional y una de las peores a nivel mundial en cuanto a represas.

“Un túnel construido sin permisos y con calidad de metales y concretos defectuosos colapsó causando daños a la población, al río Cauca y pérdidas astronómicas. Además de los daños materiales, los heridos y las victimas por las inundaciones, se presentaron daños ambientales irreparables. Se secó el segundo río más grande del país”, aseveró el exalcalde.

Quintero en su publicación indicó que “EPM tomada por el GEA se había dedicado a proteger a los contratistas. La junta incluso renunció cuando pusimos la demanda. La excusa fue que yo había violado el gobierno corporativo. Los jueces me dieron la razón. Encontramos que hubo una operación de encubrimiento: desde agosto de 2019, siendo alcalde Federico Gutiérrez, se conocía de dictamen de Reaseguradora concluyendo errores de diseño y construcción en Hidroituango. El documento fue ocultado”.

De igual forma insistió que varios integrantes de EPM fueron sometidos al polígrafo para que no pudieran hablar. “A pesar de todas las amenazas que recibí, como alcalde interpuse las demandas y denuncias necesarias. El primer resultado fue la condena a Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y a todas estas empresas para recuperar los primeros de 4,3 billones de pesos”, puntualizó Quintero.

Así las cosas, el exalcalde de Medellín indicó que “los sobrecostos eran mucho mayores. Por eso pusimos una demanda contra los constructores y las aseguradoras por la plata faltante”.

Y finalizó diciendo que “queremos un país en el que los poderosos no crean que porque tienen plata estarán por encima de la ley. La admisión de la demanda es un paso fundamental para que se haga justicia”.

El abogado David Suárez, experto en Hidroituango, aseguró en Blu Radio que “tres años y medio después, el tribunal decide la admisión de la demanda. Es algo que es bastante extraño. Ahora empieza un proceso que es bastante largo. Incluso, es posible que EPM modifique la demanda. Ya es otra administración. Se deben tener más estudios, más análisis”

Ahora bien, se prevé que el proceso sea prolongado. Asimismo, la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia tiene una segunda instancia en el Consejo de Estado ante la Sección Tercera.