
Continúa la polémica por la elección del rector en la Universidad Nacional de Colombia. Después de anunciar como autoridad máxima de la institución educativa a Leopoldo Múnera, el Consejo de Estado informó que tiene en sus manos una demanda contra su designación en el cargo, pues según el accionante, a lo largo del proceso se evidenciaron irregularidades.
En el recurso interpuesto por un ciudadano, se enumeran las presuntas pruebas para asumir que se violó el debido proceso. En ese sentido, el demandante solicitó revocar el acto administrativo que posesionó a Múnera como rector de la Universidad Nacional.
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“Es ostensiblemente violatorio del debido proceso, en las vertientes del i) principio de legalidad, ii) de las normas en materia de saneamiento de la actuación administrativa, iii) de la norma que establece el procedimiento para la revocación del acto particular”, se lee en la demanda.
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Además de resaltar que el paro académico corresponde a una política de desobediencia civil por parte de Múnera. A su juicio, José Ismael Peña, entonces docente de la institución educativa, “fue designado rector de la Universidad Nacional por acto administrativo que, hasta ahora, ninguna autoridad judicial ha suspendido o anulado. De modo que es natural y obvio que ejerza sus funciones, como representante legal de la institución educativa. La parálisis de la UN no es culpa del profesor Peña, sino de la política de desobediencia civil impulsada por el profesor Múnera”, añade el documento de 16 páginas.
El recurso legal puntualizó que la elección de Peña como cabeza de la entidad de educación superior se promulgó y se sostuvo durante un mes, por lo que superó “el estado del “acto condición” y el acto de nombramiento era ya fuente de derechos adquiridos”, agregó.
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Leopoldo Múnera y su oposición a la reforma a la educación

El rector de la Universidad Nacional se pronunció sobre el paro indefinido de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), criticando dos artículos de la ley estatutaria de educación.
En un comunicado del jueves 13 de junio de 2024, Múnera sostuvo que el Ministerio de Educación “incluyó inconsultamente el mandato de los organismos multilaterales de subordinar la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica, sino de múltiples factores asociados a la educación que le corresponde garantizar al Estado, convirtiéndose de facto en perversa y punitiva, desconociendo su carácter pedagógico transformador y constructivo”.
La máxima cabeza de la institución educativa más grande del país también expresó su preocupación por la incorporación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) “como eje estructurante del sistema educativo, y por las posibles consecuencias que esto podría acarrear para la educación superior y el rol docente”.
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En su opinión, el artículo 4 del proyecto de educación plantea mantener el Marco Nacional de Cualificaciones, y el artículo 18 incluye el derecho fundamental a la educación terciaria “podrían conducir a la pérdida de la singularidad de la universidad pública, sometiéndola a una armonización formativa con la educación no formal y la educación para el trabajo y el desarrollo humano”.
A su vez, Múnera criticó los postulados de la internacionalización de la educación superior, ya que, según él, “estos desconocen la complejidad y los alcances sociales de las funciones misionales de investigación y extensión”, agregando que “todos estos son aspectos que resultan lesivos para la autonomía universitaria y la libertad de cátedra”.
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Al final de la misiva, el rector de la UNAL hizo un llamado a considerar la exclusión de esos artículos en el texto final, porque van en contravía del propósito que tiene este proyecto de ley y al cumplimiento del derecho fundamental a la educación.
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