Zipaquirá se quedó sin Defensa Civil: Ministerio de Defensa ordenó su liquidación

La Defensa Civil Zipaquirá dejará de operar en el municipio debido a una serie de irregularidades que incluyen el presunto mal manejo de fondos y la falta de renovación de su personería jurídica.

Óscar Castillo, secretario de seguridad de Zipaquirá, manifestó que el 8 de mayo, el Ministerio de Defensa envió una resolución a la alcaldía ordenando la disolución y liquidación de la junta de Defensa Civil en el municipio.

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El funcionario detalló que la resolución de la cartera de Gobierno se basa en infracciones de los artículos 133, 134 y 135 del Reglamento del Voluntario y las Organizaciones de Defensa Civil. Entre las presuntas faltas que habría cometido la entidad, se encuentra el hecho de no haber renovado la personería jurídica desde junio de 2023. “Sin esta renovación, no están autorizados para firmar convenios”, afirmó Castillo.

La orden del cese de operaciones se da poco después de que la Defensa Civil firmara un convenio con la Alcaldía de Zipaquirá el 26 de enero. El acuerdo estipulaba que la Defensa Civil prestaría sus servicios de manera voluntaria en diversas emergencias en el municipio y operaría una ambulancia y una moto ambulancia que fueron entregadas años atrás en calidad de comodato.

En dicho convenio, se estipuló una aportación de aproximadamente $314.000 millones por parte del municipio y $40 millones por parte de la Defensa Civil Zipaquirá.

Según Castillo, los pagos se realizarían en varios pagos: “El municipio giraba un anticipo de $124 millones para pagar a los funcionarios de la Defensa Civil local y se fijaron siete pagos de 27 millones cada uno, de los cuales se les adelantaron dos pagos”, explicó el funcionario.

Sin embargo, la notificación del Ministerio de Defensa, conocida por Caracol Radio, señala que la Defensa Civil Zipaquirá, además de no cumplir con la renovación de su personería jurídica, habría incurrido en el mal manejo de los fondos aportados, tanto por el municipio, como por la propia institución.

Según las investigaciones conocidas por el medio citado, las alarmas se encendieron cuando funcionarios de la Defensa Civil no recibieron sus honorarios, a pesar de que la administración municipal afirmó estar al día con los recursos girados a la institución.

Otro agravante del caso, conocido por el medio local Estrategia, señala que, antes de firmar nuevos convenios, el director de la Defensa Civil de Zipaquirá habría entregado documentación falsa que certificaba su vigencia. No obstante, según mencionó el secretario de Seguridad, la misma institución confirmó que dicha certificación no estaba vigente y, por tanto, no era válida.

La noticia de la disolución de la Defensa Civil Zipaquirá ha generado incertidumbre respecto a la prestación de servicios de emergencia y la gestión de los fondos. El secretario de Seguridad, Óscar Castillo, expresó su preocupación sobre este aspecto y aseguró que la administración está evaluando alternativas para asegurar que el municipio no se quede sin asistencia en situaciones de emergencia.

“Estamos trabajando en opciones alternativas para asegurarnos de que Zipaquirá no se quede sin los servicios esenciales de la Defensa Civil”, afirmó el funcionario.

Y es que, el trasfondo financiero es uno de los elementos más críticos en esta disolución, pues el convenio firmado tenía como objetivo mantener operativas las unidades de emergencia y cubrir los salarios de los voluntarios.

La situación que vive la Defensa Civil Zipaquirá pone en evidencia la fragilidad de los convenios que dependen de la renovación de personalidades jurídicas y la correcta administración de fondos. Con la disolución de la junta, queda pendiente la tarea de reasignar los recursos y garantizar la estabilidad de los servicios en el municipio.

El secretario de seguridad señaló que desde la administración local respetan la decisión del Ministerio de Defensa de ordenar la disolución y posterior liquidación de la institución, pero no la comparten: “Si el representante legal ocultó información e hizo malos manejos, pues hay que investigarlo a él, pero no acabar con la institucionalidad”.