En Huila y el sur del país el panorama del orden público continúa siendo crítico debido a la influencia de grupos armados ilegales. Las comunidades rurales son las más afectadas, enfrentando ataques, reclutamiento de menores y constantes amenazas. Según las autoridades locales, la inseguridad en estas zonas empeoró considerablemente en los primeros meses de 2024, lo que incrementó las denuncias y los desplazamientos forzados.
Jorge Lozano Mestre, secretario de Paz y Derechos Humanos de Neiva, declaró en Blu Radio que, en lo que va de 2024, se han registrado al menos 178 denuncias de personas que se vieron obligadas a abandonar sus territorios en Huila y Caquetá debido a la presión ejercida por los grupos armados al margen de la ley.
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“En nuestra secretaría tenemos 178 declaraciones de personas que han llegado de diferentes municipios de Huila y de otros departamentos por desplazamiento forzado. Nosotros tenemos varias alertas tempranas por recrudecimiento de la inseguridad por lo que está sucediendo con los actores al margen de la ley, como la Segunda Marquetalia que genera estos desplazamientos”, explicó Lozano Mestre.
El secretario agregó que muchas de las familias desplazadas temían por la vida de sus hijos, pues eran blanco del reclutamiento forzado por parte de presuntas disidencias de las Farc y otros grupos armados. “Muchas de estas personas que hemos atendido llegaron por amenazas, por intento de reclutamiento forzado de niños y adolescentes, entonces estas familias se ven obligadas a dejar sus territorios”, añadió Lozano.
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El perfil de las familias desplazadas revela un amplio espectro geográfico: un 55% provienen de municipios de Huila como Tello, Baraya, Algeciras, Gigante y Acevedo, mientras que el 45% restante viene de departamentos como Caquetá y, en menor medida, Putumayo.
Las autoridades locales implementaron medidas de acompañamiento para las familias desplazadas. Lozano Mestre enfatizó que el apoyo a estas comunidades es fundamental para enfrentar la situación. Cabe resaltar, además, que Neiva tiene registrado un total de 54.000 víctimas del conflicto armado.
Desplazamiento en Colombia
El desplazamiento forzado masivo en Colombia crece silenciosamente, y deja un impacto profundo en las familias y la estructura social. La Defensoría del Pueblo presentó en enero de 2024 el informe titulado ‘Dinámicas de Movilidad Humana Forzada 2022-2023′, que ofrece un panorama muy preocupante.
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El informe detalló que en 2023 se registraron 154 episodios de desplazamiento forzado masivo, lo que significó un incremento del 7% con respecto a los 144 eventos ocurridos en el 2022. La competencia entre grupos armados ilegales por el control de los territorios fue un factor clave, siendo responsable de más del 50% de estos desplazamientos.
Una de las causas más alarmantes de esta escalada de violencia es la formación de alianzas entre diferentes estructuras armadas al margen de la ley, lo cual intensifica los combates y el consecuente impacto en la población civil. En ocasiones, estos enfrentamientos se prolongaron por más de un día, lo que afecta gravemente a las familias que viven cerca de las áreas de conflicto.
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Dentro de los 17 departamentos golpeados por el desplazamiento forzado masivo, Nariño se destacó como el más afectado, con 58 eventos que obligaron a 9.445 familias, sumando 23.483 personas, a dejar sus hogares. Otros departamentos también severamente afectados fueron Chocó con 19 eventos, Valle del Cauca con 16, Antioquia con 15, Cauca con 13 y Bolívar con nueve.
El análisis cronológico incluido en el informe muestra que el tercer trimestre del año (de julio a septiembre de 2023) fue cuando se registró el mayor número de incidentes, que alcanzaron un total de 56 eventos de desplazamiento masivo. En comparación, el año 2022 tuvo su pico más alto en enero, con 31 eventos de este tipo.
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