Chiquita Brands, esta es la polémica historia en Colombia de la multinacional que admitió haber financiado a los paramilitares

Chiquita Brands International, una de las principales empresas bananeras del mundo, fue hallada culpable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con una suma de 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004.

Un juez del Distrito Sur de Florida determinó que los fondos proporcionados por la multinacional fueron empleados para cometer crímenes de guerra en nuestro país.

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La historia de esta compañía se remonta a 1870, cuando fue fundada inicialmente como United Fruit Company, nombre bajo el cual también se vio envuelta en la masacre de las bananeras ocurrida en Colombia en el año 1928.

Este dramático episodio marcó la historia de nuestro país al suscitarse la matanza de trabajadores por parte del Ejército Nacional, con el objetivo de frenar una huelga organizada por el sindicato de empleados de la empresa.

En 1899, United Fruit Company surgió de la fusión entre Boston Fruit Company y la empresa ferroviaria Minor C. Keith. La empresa, sin embargo, enfrentó dificultades financieras que la llevaron a reorganizarse en la década de 1970 bajo el nombre de Chiquita Brands International.

En 1996 se inició este caso cuando la multinacional empezó a ser investigada por pagos ilegales y por supuestos sobornos a algunos funcionarios de la Dian, que les ayudarían a licenciar un puerto privado ubicado en el municipios de Turbo en el Urabá antioqueño. Un informe de Noticias Uno mostró que existían coincidencias entre los pagos y la expedición de la licencia de dicha zona franca en Turbo.

Sin embargo, los reportes de dicho medio de comunicación revelaron que Carlos Castaño había descargado el arsenal fundacional de las Autodefensas Unidas de Colombia y que pese a los intentos de la bananera por intentar hacer encarcelar a Ignacio Gómez, autor de dicha investigación, la multinacional terminó siendo investigada por este hecho por la Fiscalía de Estados Unidos.

Su filial en Colombia, pese a ser una de sus operaciones más rentables, cesó labores en 2004 tras el descubrimiento de su involucramiento con los grupos paramilitares.

“Realizamos pagos para proteger a nuestros empleados”, argumentó la compañía durante el proceso. Sin embargo, las autoridades no pudieron corroborar esta afirmación. En 2007, luego de múltiples demandas civiles interpuestas por nueve víctimas, Chiquita Brands confesó haber realizado pagos a las AUC entre 1997 y 2004. Pese a la confesión, la multinacional se mantuvo firme en su postura de que los pagos fueron producto de extorsión.

El juez del Distrito Sur de Florida determinó que estos pagos sumaban $1,7 millones y estaban directamente relacionados con crímenes de guerra. Durante el conflicto, alrededor de 18.000 empleados mantenían operaciones en casi 70 países, bajo la marca insignia de Chiquita.

“Sabemos que estos pagos fueron bajo presiones y amenazas”, explicó Chiquita en los tribunales, aunque las declaraciones de víctimas y miembros de las AUC cuestionaron la veracidad de estas declaraciones.

Además de la masacre mencionada, donde United Fruit Company participó directamente, Chiquita Brands se vio forzada a pagar $38,3 millones a las víctimas de su financiamiento a las autodefensas. Las sentencias mencionaron que los altos directivos en Estados Unidos estaban al tanto de los pagos a las AUC, una de las organizaciones paramilitares más temidas de Colombia.

Numerosos testimonios aportados durante el litigio de 17 años recalcaron la participación de la filial colombiana de Chiquita en estos pagos. Los mismos incluyeron declaraciones tanto de víctimas como de cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La empresa, fundada en 1870, operó en Colombia hasta su último año en 2004, dejando atrás una extensa y controvertida trayectoria.

A pesar de las múltiples condenas, Chiquita sostenía que los pagos eran necesarios para garantizar la seguridad de sus empleados en medio de un complejo contexto sociopolítico. No obstante, este argumento no logró convencer a las autoridades judiciales encargadas del caso. Los detalles acerca de las operaciones y las razones detrás de los pagos fueron investigados meticulosamente, revelando la magnitud del involucramiento de Chiquita con entidades armadas.