Por negocio de aguardiente: condenaron a la exgobernadora del Huila, Cielo González

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cielo González por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos durante su gestión como gobernadora del departamento del Huila en el periodo 2012 – 2015 al haber “favorecido” a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia en la concesión de un contrato para la explotación de aguardiente doble anís.

Así lo dio a conocer el alto tribunal, a través de un trino en su cuenta de la red social X: “Por decisión mayoritaria la Sala de Primera Instancia emitió sentido de fallo condenatorio contra la exgobernadora del Huila Cielo González por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación”.

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Al posicionarse en el cargo, González habría ignorado que el proceso de selección de un contratista seguía en pie y entregó varios contratos millonarios a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, entregando documentación falsa para llevar adelante el proceso.

“La Fiscalía demostró más allá de toda duda que la exgobernadora González es responsable penalmente como autora de tres delitos de interés indebido en la celebración de contratos, dos delitos de falsedad ideológica en documento público, por los cuales será condenada”, se lee en la sentencia de la Corte.

Sin embargo, la exgobernadora se salvó de otros ocho cargos por falsedad ideológica en documento público y apropiación a favor de terceros que la Fiscalía no logró demostrar en audiencia. Un duro golpe al clan político del Huila y al que fue su partido, Cambio Radical.

Cielo González ya se había salvado de una sanción impuesta por la procuraduría, al presentar una sentencia que favoreció la alcaldía Petro

En septiembre del año pasado, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió en segunda instancia conceder parcialmente a Cielo González Villa, exalcaldesa de Neiva y exgobernadora del Huila, la nulidad de la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación en 2012 por irregularidades en la contratación.

González Villa fue sancionada por hechos de 2007, cuando era alcaldesa de Neiva. Invitó a la Universidad Surcolombiana (Usco) y a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) a presentar ofertas para un convenio interadministrativo. Este convenio tenía como objetivo la interventoría de varias obras públicas en la ciudad. Sin embargo, la Procuraduría detectó irregularidades y en 2012 le impuso una multa de 16,8 millones de pesos y una suspensión de tres años.

El argumento del Consejo de Estado para anular parcialmente la sanción fue el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2020, que determinó que se violaron los derechos políticos de Gustavo Petro cuando fue destituido como alcalde de Bogotá. La CIDH señaló que sanciones a funcionarios democráticamente electos violan la Convención Americana de Derechos Humanos.

Bajo este antecedente, el Consejo de Estado cuestionó la competencia de la Procuraduría para inhabilitar y suspender a González Villa, considerándola una funcionaria elegida democráticamente. Además, indicó que pudo haber una violación al debido proceso, ya que la sanción se impuso cuando la acción disciplinaria había prescrito.

Adicionalmente, el Consejo de Estado observó que la conducta reprochada podría ser atípica, dado que la Usco tiene autonomía e independencia, y el régimen de contratación estatal permite celebrar contratos con entidades públicas. También señaló que la sanción podría ser ilegal, ya que no se especificó el deber funcional incumplido por González Villa.

Otro punto clave identificado por el Consejo de Estado fue que la suspensión del convenio correspondía a la Secretaría de Infraestructura y Vías, no a la alcaldesa de Neiva, lo que podría indicar que la decisión disciplinaria en su contra fue ilegal.

Pese a anular parcialmente la sanción, el Consejo de Estado mantuvo la presunción de legalidad de otras disposiciones sancionatorias en los actos administrativos demandados por la exalcaldesa. Asimismo, no accedió a las pretensiones económicas presentadas por González Villa.