Tensiones culturales y barreras de salud estarían complicando el acceso al aborto en comunidades indígenas

En el norte de La Guajira se encuentra una región rica en resguardos indígenas mayoritariamente wayuus, donde desde hace cuatro años Jazmín Romero Epiayú se ha destacado por fundar el Movimiento Feminista de Niñas y Mujeres Wayuus, pues resulta ser una de las regiones donde se ven más vulnerados los derechos de esta población, a pesar de los avances del Estado en materia de igualdad de derechos.

Y es que este movimiento lleva varios años trabajando para garantizar a las mujeres el derecho a acceder al aborto, que fue despenalizado hace varios meses pero que sigue siendo una barrera para las poblaciones con creencias propias.

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Este grupo pionero aboga por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas, un tema tabú en la región. Según explicó Romero Epiayú en diálogo con El Espectador, el movimiento ha crecido hasta contar con unas 25 integrantes, y se ha extendido gracias a distintos métodos de financiamiento, desde organizaciones sin ánimo de lucro hasta fondos estatales y universitarios.

Uno de los mayores logros en Colombia en materia de derechos reproductivos ocurrió en 2022, cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación mediante la sentencia Causa Justa.

Sin embargo, esta decisión ha generado confusiones y controversias en comunidades indígenas. En palabras de Adriana Pushaina, otra integrante del movimiento, “existe un subregistro de casos que se va tejiendo en el desconocimiento de nuestros derechos”.

Una investigación adelantada por el medio nacional desveló que el movimiento ha enfrentado la resistencia cultural. Según Pushaina, algunos miembros de las comunidades consideran que abordar estos temas rompe con su cultura.

Además, la defensora de derechos añadió que la pandemia aumentó la violencia de género en los resguardos, fomentando la necesidad de este espacio feminista. La mujer también rescató que conoció a Romero a los 14 años y ahora es trabajadora social, con el fin de destacar la importancia de “garantizar un mayor acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)” para prevenir embarazos no deseados en contextos de violencia y matrimonio infantil.

Pero garantizar los derechos de las mujeres indígenas no ha sido una tarea fácil. De hecho, las tensiones se hicieron más visibles cuando Jazmín Romero viajó a Bogotá el 6 de mayo para participar en un foro organizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y el movimiento Causa Justa.

En este encuentro, se discutieron dos fallos judiciales que negaron el acceso al aborto a dos mujeres indígenas, basándose en la cosmogonía de la Asociación Indígena del Cauca (AIC). Los casos se llevaron a la Corte Constitucional, que en abril de 2024 reconoció que se había pasado por alto la obligación del Estado de garantizar la IVE, alegando que la autodeterminación de los pueblos no debe contradecir la autonomía reproductiva de las mujeres.

Por su parte, Alberto Rojas Ríos, exmagistrado de la Corte, afirmó que, aunque el derecho al aborto está despenalizado, esto no garantiza su acceso práctico, especialmente para las mujeres indígenas. Romero confirma esta problemática señalando las trabas con las autoridades, la falta de información y las barreras de acceso al sistema de salud, lo que en ocasiones obliga a las mujeres a recurrir a métodos clandestinos para abortar.

La investigación de El Espectador también contó con la participación de Pablo Martínez, médico y antropólogo que explicó que las mujeres indígenas enfrentan un acceso desigual a la salud debido a la dispersión geográfica y la falta de articulación entre el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y el Sistema de Salud Propio Intercultural (SISPI).

Este último, según el Decreto 1953 de 2014, debería ser una herramienta para que cada comunidad indígena desarrolle su modelo de salud basado en sus conocimientos y tradiciones. Sin embargo, hay problemas en su implementación y financiación.

Naiverlith Iguarán, otra integrante del movimiento, mencionó que en algunas comunidades indígenas se exige que las mujeres pidan permiso a las autoridades para practicarse una IVE, lo cual puede ser denegado, obligándolas a buscar alternativas clandestinas. Valeria Pedraza, abogada de Women’s Link, añade que en algunas comunidades los procedimientos internos de las EPS indígenas establecen que la ruta para acceder a la IVE debe pasar por la autorización inicial de las autoridades, lo cual dificulta el cumplimiento de la sentencia Causa Justa.

Pero la problemática no se limita a las barreras culturales. En algunos casos, los centros de salud no están equipados para prestar el servicio, y el idioma se convierte en un obstáculo para aquellas que no hablan español.

Pushaina recuerda que en La Guajira “la interrupción voluntaria no es una novedad”, ya que las ancestras utilizaban plantas medicinales para detener los embarazos. Por parte, desde la perspectiva médica se criticó la falta de pedagogía sobre la IVE hacia las autoridades indígenas, que es crucial para cambiar esta situación.

Entretanto, el Movimiento Feminista de Niñas y Mujeres Wayuus aseguró que seguirá trabajando para romper las barreras de la cultura para no violentar los derechos de la población femenina de las comunidades indígenas, además porque ven este logro como una reivindicación a los derechos de la mujer.