Escándalo por contrato de Air-e, encargada de suministrar el servicio en la costa: habrían autocomprado energía a altos costos

Hay polémica en el mercado de la energía en la costa Caribe del país por cuenta de un escándalo que involucra a Air-e, la empresa de energía que distribuye servicio en La Guajira, Atlántico y Magdalena, que ahora enfrenta denuncias por prácticas anticompetitivas y aumento artificial de tarifas.

Y es que el supuesto descalabro a los colombianos se habría dado después de que en los últimos días el Gobierno colombiano anunciará que asumirá 2,7 billones de pesos de la opción tarifaria, deuda acumulada por el congelamiento de precios durante la pandemia.

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Según denuncias conocidas por la revista Cambio, la empresa controlada por Alberto Ríos Velilla habría obtenido beneficios adicionales a través de una licitación pública que impidió la participación de otras empresas, resultando en una autocompra de energía a precios significativamente más altos.

Y es que la convocatoria pública, realizada en febrero de este año, buscaba cubrir la demanda de energía entre marzo de 2024 y diciembre de 2026. Sin embargo, los requisitos casi absurdos que impuso la compañía distribuidora terminó por ahuyentar a todos los oferentes, dejando el camino libre a la única propuesta recibida por parte de Air-e Generador, una filial del mismo conglomerado.

De hecho, los reportes de la investigación revelada por la revista señalan que Air-e S.A. E.S.P, que es la que distribuye la energía, exigió pagarés y pólizas indispensables para poder adjudicarse el contrato, lo que ocasionó que las grandes empresas generadoras de energía se abstuvieran de licitar por las condiciones casi imposibles de cumplir.

Finalmente, con una de las compañías del mismo conglomerado, Air-e se compró energía a sí misma a 689 pesos por kilovatio hora, mientras que el precio promedio del mercado era de 311 pesos por kilovatio hora.

Esta acción podría implicar que los usuarios finales paguen tarifas elevadas. Según los documentos revelados por Cambio, se señala que cerca de 600.000 usuarios podrían verse afectados en 2024, aumentando a 1.5 millones en 2025 y 2.5 millones en 2026 debido a las mayores tarifas.

La controversia no termina ahí. En medio de la discusión sobre cómo reducir las tarifas de energía, Air-e ha tenido conflictos con compañías generadoras de energía, a las que ha calificado de “actores privilegiados” por sus millonarias ganancias.

Expertos del sector afirman que Air-e busca redistribuir las pérdidas contables, debido a la falta de pagos y robo de energía, entre todos los colombianos, no solo entre los usuarios del norte del país. Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, explicó al medio que la situación de precios en la costa Caribe es estructural, influenciada por la densidad de población y el clima cálido que incrementa el consumo.

A pesar de estas preocupaciones, Air-e asegura que las condiciones establecidas en la convocatoria fueron justas y que no limitaron la competencia. La empresa también defiende que no ha recibido utilidad alguna en la venta de energía mencionada en la denuncia y que el alto costo de la energía comprada no se trasladará completamente a los usuarios finales.

Además, Air-e explicó a Cambio que el precio de 689 $/kWh establecido en la bolsa de energía ha sido superado en más de 1400 horas este año, lo que proporciona contexto para sus actos financieros.

Sin embargo, la denuncia interpuesta solicita a las superintendencias que evalúen urgentemente el proceso licitatorio y las condiciones de contratación, lo que ha despertado preocupaciones sobre el aumento artificial de tarifas en la costa Caribe.

Mientras tanto, el Gobierno colombiano se prepara para poner en marcha regulaciones para diferenciar tarifas entre los estratos socioeconómicos, con el objetivo de otorgar alivios financieros a las poblaciones más vulnerables.

Además, un excomisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) comentó que no se hacen convocatorias exclusivamente para la población vulnerable, lo que refuta la defensa de Air-e. Además, se indicó que otras empresas, como Enel y Essa, adjudicaron contratos con precios más elevados, justificando que los procesos de Air-e no duplicaron los precios del mercado. Ortega sostiene que una crisis perpetua en la región podría empeorar si el Gobierno no interviene adecuadamente.

Por el momento, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Servicios Públicos deberán determinar si las prácticas de Air-e violaron las normas de competencia empresarial. En caso de confirmarse, esto podría representar un precedente crítico para la regulación del sector energético en Colombia.

Por su parte, Air-e indicó por medio de un comunicado de prensa que: “Es absolutamente Falso que Air-e allá recibido utilidad alguna en la venta de energía de la que habla esta “denuncia”. Esto es fácilmente demostrable ante la autoridad competente, pues se vendió al mismo precio que fue comprado por air-e a otros agentes para el mercado no regulado “grandes consumidores” (soportes de esta transacción fueron remitidos a la SSPD)”.

De la misma forma, desde la compañía afirmaron estar sorprendidos con este tipo de señalamientos y anunciaron que su equipo de abogados serán los que se encarguen de la situación.

“Air-e queda sorprendido con la capacidad de engañar y las artimañas del denunciante y hace traslado a sus abogados, para que tomen medidas pertinentes ante las falsedades allí esbozadas. Adicionalmente, dejamos constancia que no hemos sido notificados de esta temeraria denuncia”.