
Luis Eduardo López Rosero, el empresario y contratista de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se ha convertido en el testigo estrella del escándalo por corrupción en el contrato de carrotanques por 46.800 millones de pesos colombianos.
De hecho, su última movida para garantizar beneficios por parte de la Fiscalía General de la Nación incluyó la entrega de los extractos bancarios de una de sus cuentas, que fueron presentados como evidencia clave en el caso de corrupción, según señaló una fuente judicial a El Tiempo.
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El hombre cercano a la Ungrd compareció el 30 de mayo ante el ente acusador para rendir una declaración de más de diez horas en la que admitió su participación en el caso. Además, López confirmó que no fue una coincidencia que las tres empresas ofertantes de los carrotanques estuvieran ligadas a él.
Impoamericana Roger SAS está a nombre de Roger Pastas, un joven de 27 años que estaría haciendo las veces de testaferro y que no tiene la mínima información sobre el caso. Brand SAS está a nombre de Sandra Brand Pantoja, esposa de López Rosero, y Luket SAS pertenece directamente a López Rosero.
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Sin embargo, el empresario también reveló la existencia de una cuarta empresa, Kalmo SAS, ligada a su hija Karen, que recibió uno de los desembolsos del negocio. Incluso, López Rosero ofreció información detallada sobre cómo se gestionó el contrato y mencionó a Pedro Rodríguez, asesor de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, según fuentes informadas de El Tiempo.
Rodríguez, antiguo jefe jurídico de la Gobernación de Nariño mientras Camilo Romero de Alianza Verde estuvo al frente, fue señalado como una pieza dentro de esta red de corrupción. Además de proporcionar tiquetes de viajes a Bogotá, el contratista entregó a la Fiscalía extractos bancarios que, según confirmó una fuente judicial al diario nacional, involucraban sobornos por un total de 7.200 millones de pesos.
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Incluso, López Rosero habría entregado detalles de cómo se transportó el dinero producto de los sobonos que fueron desembolsados directamente desde sus cuentas. “Dijo que la plata se movió en bolsas de basura negras”, comentó la fuente informada al diario.
Pero sus declaraciones también salpican a otros altos funcionarios. De hecho, el López Rosero aseguró en su declaración que los dineros fueron entregados entre enero y febrero de 2024, lo que pondría en tela de juicio la versión entregada por Sneyder Pinilla, quien sostuvo que un contratista prestó dinero en espera de la liquidación del contrato de carrotanques, y tanto él como Olmedo López tendrán que revelar quién es ese prestamista y probar el giro del dinero.
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Los investigadores ahora centrarán su atención en indagar con el exdirector y el exsubdirector de la Ungrd de dónde salieron los supuestos sobornos para los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara, Andrés Calle (Liberal y cercano al Gobierno de Gustavo Petro), pues se tiene registro que dichos pagos se habrían hecho entre septiembre y octubre de 2023.
Sneyder Pinilla, desde un principio, afirmó que un contratista había prestado dinero mientras se concretaba el negocio de los carrotanques. Pinilla y Olmedo López ahora enfrentan la obligación de proporcionar pruebas concretas de estas transacciones y de otros señalamientos que implican al congresista Wadith Manzur, así como a funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro, incluyendo a Sandra Ortiz, consejera para las regiones, quien renunció a su cargo en medio del escándalo.
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Entretanto, todos los vinculados por Olmedo López y Sneyder Pinillan han negado haber recibido dineros para favorecer al Gobierno nacional en la aprobación de las reformas. De hecho, el presidente del Senado, Iván Name, aseguró que todo se trata de una estrategia para librarse del escándalo por corrupción.
“Acusaciones infundadas realizadas por un corrupto que se encuentra en una encrucijada judicial respaldada por un abogado con un prontuario internacional, no sé con qué tarjeta litiga todavía hoy y eso hay que preguntarlo”, señaló recientemente Name en una plenaria del Senado.
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