La Procuraduría General de la Nación, a través de un documento de nueve páginas, ha planteado una serie de observaciones al proyecto de Ley 293 de 2023, conocido como “Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez”, de acuerdo con información suministrada por el medio de comunicación El País de Cali
Este proyecto, aprobado en el Senado de la República, se encuentra en su último debate en la Cámara de Representantes.
El ministerio público ha señalado preocupaciones en relación con las reglamentaciones que deberán implementarse una vez que la reforma pensional sea aprobada, ya que estas quedarían en manos del Gobierno Nacional.
En el comunicado dirigido a la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la Procuraduría advierte que al menos 45 temas estructurales del sistema estarán sujetos a reglamentación posterior.
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“Lo cual podría generar altas judicializaciones, vulneración a los derechos de los afiliados que soliciten el reconocimiento de una prestación económica y que se vean afectados por demoras en la reglamentación”, alerta el ente de control.
Entre los aspectos que requieren mayor claridad se encuentran los beneficiarios del Pilar Solidario, el proceso de ingreso a este pilar, el acceso a la renta básica para cuidadores de personas con discapacidad y el financiamiento del Pilar Semicontributivo.
La Procuraduría también ha manifestado dudas sobre la capacidad operativa, técnica y administrativa de Colpensiones para asumir las nuevas responsabilidades derivadas de la reforma. Se recordó el historial de dificultades durante la transición del Instituto de Seguros Sociales (ISS) a Colpensiones, lo cual llevó a la Corte Constitucional a declarar un Estado de Cosas Inconstitucional en 2013, una situación que fue parcialmente superada en 2015.
Desde 2013, la Procuraduría ha mantenido un seguimiento constante de Colpensiones, emitiendo numerosos requerimientos para mejorar los trámites y decisiones sobre prestaciones económicas. En el segundo semestre de 2023, se evidenció una congestión significativa y retrasos en la entidad, lo cual afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El documento también incluye cifras sobre las acciones previstas por Colpensiones para superar la contingencia de retrasos en el reconocimiento de prestaciones económicas. Hasta el 31 de marzo de 2024, Colpensiones tenía 48.833 trámites pendientes, de los cuales 4.553 ya estaban fuera de los términos legales.
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Estas cifras sugieren que Colpensiones no posee la capacidad técnica, administrativa ni operativa necesaria para implementar la reforma, la cual implicaría el traslado de aproximadamente 19 millones de nuevos afiliados colombianos.
La Procuraduría General de la Nación insta al Gobierno nacional y al Congreso de la República a abordar estas preocupaciones antes de la aprobación final del Proyecto de Ley N° 433 de 2024. La falta de definiciones claras y la capacidad limitada de Colpensiones para gestionar un aumento considerable de afiliados podrían comprometer el éxito de la reforma y la protección de los derechos de los afiliados.
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