
Tanto el Gobierno nacional como las autoridades y la ciudadanía en general han puesto el foco al funcionamiento de algunas cárceles del país, desde las cuales se cometerían todo tipo de actos delictivos y el constante incumplimiento de las normas generales que componen estas instituciones penitenciarias.
El consumo de estupefacientes, el ingreso de armas cortopunzantes u objetos como celulares, que presuntamente se utilizarían para ordenar delitos como extorsión y sicariato, forman parte de las malas prácticas que han quedado evidenciadas en distintas cárceles del país.
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En ese sentido, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha identificado a algunos funcionarios que estarían cometiendo actos corruptos con el fin de beneficiar a algunos reclusos. Así lo conoció La FM con los procesos disciplinarios de dos dragoneantes y un inspector que desempeñaban sus funciones en la cárcel de Sonsón (Antioquia), señalados por los delitos de cohecho y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Se trata del inspector Javier Mauricio Charry Cutiva y los dragoneantes Esteban Chávez y Julián Ruiz, quienes habrían sido delatados por otro funcionario involucrado en las actuaciones indebidas por las que fue capturado en 2022, específicamente por permitir el ingreso de objetos no permitidos al centro penitenciario.
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No obstante, los dragoneantes acusados no fueron aprehendidos con detención intramural, sino que fueron suspendidos por 90 días. Una vez concluya la sanción, podrían retomar sus funciones de manera habitual. Entre tanto, quien sí fue capturado y enviado a un centro carcelario es el inspector Cutiva, quien deberá responder por los delitos antes mencionados.
Cabe destacar que, actualmente, hay 3,700 funcionarios investigados, 42 en procesos judiciales, 53 destituciones, 107 suspensiones, 12 multas, 13 amonestaciones y 160 capturados.
Presos tenían todo listo para una fuga masiva en cárcel de Cúcuta: así planeaban lograrlo
En algunas cárceles del país ocurren situaciones que resultan insólitas, ya que se supone que los malhechores están constantemente vigilados. No obstante, en ocasiones, los altos niveles de hacinamiento y el insuficiente pie de fuerza permiten que estos hechos se presenten con mayor facilidad.
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A propósito, el 23 de mayo de 2024 se conoció el plan delincuencial que estaban a punto de ejecutar un grupo de reclusos del complejo penitenciario y carcelario de Cúcuta. Los hechos fueron descubiertos en medio de operativos de requisa y control por los guardianes, quienes hallaron un extenso túnel por el que se llevaría a cabo una fuga masiva de reos.
El túnel fue descubierto por miembros del cuerpo de custodia y vigilancia en el pabellón 14 del centro carcelario, el cual estaba a punto de ser terminado. Sin embargo, la rápida acción de los uniformados permitió frustrar el plan.
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“Gracias a los funcionarios que adelantan los diferentes procedimientos al interior de los establecimientos del orden nacional, que con su compromiso contribuyen a cumplir con la misión del Inpec. El trabajo en equipo, la recolección de información y la pericia de nuestros funcionarios son la causa de estos resultados”, informó la institución a través de un comunicado conocido por Noticias Caracol.

Ante los hechos, desde la dirección general del Inpec ordenaron iniciar una investigación disciplinaria que permita identificar si hubo funcionarios responsables, así como conocer los métodos y herramientas utilizadas para llevar a cabo el plan criminal que por poco termina en la fuga de varios reclusos que purgan penas por diferentes delitos.
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Los presos relacionados con los hechos fueron trasladados a áreas con mayor seguridad para evitar nuevas maniobras para escapar.
De otro lado, el director de la cárcel Modelo de Cúcuta, Ángelo Smith Torrado, decidió salir de la ciudad en vista de las constantes amenazas que ha recibido contra su vida por parte de integrantes de las bandas como La Línea, El Carro Rojo, Los AK47 y grupos guerrilleros como disidentes de las Farc y del ELN.
Por esta situación, la Procuraduría General de la Nación solicitó que se reevalúe el riesgo en la seguridad del director, en vista de que el vehículo asignado para su desplazamiento es particular y no tiene protección especial.
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