La Fiscalía confirmó la desaparición de Sandra Milena Betancourt Buitrón, concejala del municipio de Argelia, Cauca. Betancourt, una reconocida política de 29 años, había recibido amenazas por parte de grupos armados ilegales, al parecer, debido a su trabajo social en el municipio.

Según la denuncia, Betancourt fue vista por última vez el sábado 25 de mayo alrededor de las 5 de la tarde, cuando salió de la residencia de su madre en el corregimiento Olaya, del municipio de Balboa. La concejala estaba acompañada por tres hombres a bordo de un vehículo particular. Desde entonces, se desconoce su paradero.

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La Fiscalía ha solicitado que cualquier información sobre su ubicación sea comunicada al número 3183472016 del grupo de identificación de personas y búsqueda de desaparecidos del CTI de Popayán, Cauca.

La desaparición de Betancourt se suma a la noticia del asesinato de Carlos César Camacho, concejal de Santa Bárbara de Iscuandé en Nariño. Camacho fue asesinado en la noche del 26 de mayo en la vereda Soledad Pueblito durante una fiesta familiar. Según testigos, hombres armados dispararon al aire y, al intentar increparlos, el concejal fue abatido a tiros.

Este hecho ocurre en el contexto de una grave crisis de seguridad que afecta al suroccidente colombiano. La región ha sido sacudida por la violencia del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, que ha intensificado sus ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

Las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, pertenecientes al bloque occidental de la guerrilla, son señaladas como responsables de las alteraciones del orden público. Según informes de inteligencia militar, estas dos subestructuras cuentan con más de 1.600 hombres armados.

En respuesta a estos actos de violencia, el martes 28 de mayo a las 9:30 de la mañana se realizará un plantón en la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, organizado por congresistas de diversas regiones con el fin de manifestar protesta contra la violencia en esta región del país.

Los actos violentos en el suroccidente del país llevaron al Gobierno nacional a interrumpir el cese al fuego con el grupo disidente de las Farc, el Estado Mayor Central (EMC), en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Esta decisión fue oficializada a través del Decreto 385 del 17 de marzo de 2024, firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, tras dos ataques terroristas contra la población indígena en Toribío, Cauca, el sábado 16 de marzo.

El ataque del 16 de marzo en el caserío de La Bodega, Toribío, fue perpetrado por el frente Dagoberto Ramos. La Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco informó que la comunidad fue atacada mientras intentaban evitar que los miembros de este grupo armado reclutaran a un menor indígena. Los agresores dispararon indiscriminadamente, hiriendo gravemente a Carmelina Yuli Paví, guardia y líder del pueblo Nasa, y al comunero Rodrigo Ul Musicué. Paví falleció a causa de las heridas.

A partir de entonces, el Gobierno mantiene en pie la mesa de diálogo solo con parte de esta fracción disidente: los Bloques Magdalena Medio y Jorge Suárez. González Posso, jefe negociador del Gobierno, confirmó en la tarde del 26 de mayo que el quinto ciclo de negociaciones se llevará a cabo en Bogotá entre el 20 y el 26 de junio.

En una entrevista con Semana, alias Andrey Avendaño, líder negociador del EMC, indicó que el presidente Gustavo Petro está negociando con apenas un 40-50% de las disidencias debido a la salida de Iván Mordisco de los diálogos de paz. Esto refleja la marcada fragmentación del grupo armado ilegal.

La situación en el Cauca sigue siendo crítica, con continuos enfrentamientos entre el Ejército y las tropas de alias Iván Mordisco, en medio de una profunda crisis de seguridad.