La Contraloría General de la República imputó un fallo de responsabilidad fiscal por una suma de 74.287 millones de pesos contra varios exfuncionarios del gobierno de Juan Manuel Santos por el mal uso de los recursos de inversión del Ministerio de Educación Nacional.
Los recursos estaban destinados para infraestructura educativa con el objetivo de dar cumplimiento al Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la Jornada Única Escolar 2015-2018.
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Entre las irregularidades se encuentran proyectos abandonados; incremento en los valores pagados por metro cuadrado; instituciones educativas sin construir; costos desproporcionados de interventoría, entre otros gastos.
En total son 56 personas jurídicas y naturales señaladas como presuntos responsables. Entre los imputados, quince hacen parte del comité del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura; así como varios consorcios, como Mota Engil.
Del proceso fueron desvinculados las exministras de educación Gina Parody y Yaneth Giha, así como miembros del comité fiduciario. Una de ellas, Carolina Soto, miembro de la Junta Administradora del PA-FFIE, en entrevista con El Tiempo que con la decisión de la Contraloría “se hizo justicia”, al desvincularla de los hechos.
“Sobre el caso en cuestión considero que se hizo justicia. En efecto, estuve vinculada a la investigación pero nunca fui objeto de imputación. Es una situación incómoda, no podría decir lo contrario, pero se me dieron las oportunidades procesales correspondientes y la Contraloría practicó un informe en que se demuestra que no participé en ninguna irregularidad”, indicó Soto.
De acuerdo con la exfuncionaria, la Contraloría tendrá que definir qué fue lo que sucedió para que se llegara a una imputación tan grande y con tantos involucrados.
“El documento de archivo es un juicioso análisis de la intervención de distintos agentes, uno de ellos, yo. Y al final, se hace justicia, así lo alegué, así se probó y en consecuencia se decidió el archivo. Lo que falló es un juicio que escapa a mi competencia, yo respondo por el papel que desempeñé. Será el organismo de control que en el juicio fiscal determine en qué consistió la falla, si la hubo”, manifestó.
En el informe de la Contraloría y revelado por El Tiempo se especifica que fueron 136 sobrecostos por metro cuadrado construido, 22 proyectos abandonados, 179 costos desproporcionados de interventoría y 70 excesos en los pagos del precio global fijo por concepto de obras complementarias.
El caso tuvo su primer antecedente en enero de 2019, cuando el entonces contralor declaró de impacto nacional los hechos relacionados al manejo de recursos en el Ministerio de Educación asignados al Fondo de Financiamiento.
“Tal competencia fue acotada a través del Auto 016 del 29 de abril del 2019. En tal sentido, el 30 de enero de 2019 se abrió la indagación preliminar No. UCC IP-003-2019 que fue cerrada mediante el Auto el Auto 1068 del 26 de noviembre de 2019, aclarado y corregido por el Auto 1173 del 03 de diciembre del 2019, en el que además se ordenó abrir este proceso de responsabilidad fiscal”, precisa el informe.
A finales de 2019, el contralor general de la época permitió el control excepcional sobre los recursos destinados a la infraestructura educativa. Por las irregularidades encontradas se ordenó la imputación a los implicados, así como la desvinculación a otro grupo de personas.
El caso de imputación se da bajo el contexto de la sanción impuesta por la Contraloría en contra del presidente Gustavo Petro tras su paso por la Alcaldía de Bogotá.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor del presidente Petro, y los funcionarios de su administración distrital María Mercedes Maldonado, Alberto José Merlano Alcocer y Gerardo Ardila, quienes habían sido sancionados por la Contraloría en 2016 y tenían que pagar en conjunto más de 75.000 millones de pesos.
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