El presidente Petro podría modificar el Inpec con nueva reforma a la justicia: varios delitos no tendrían prisión

Uno de los proyectos que componen la reforma a la justicia pretende modificar aspectos de la política criminal y penitenciaria, entre ellos, que el presidente Gustavo Petro pueda modificar la estructura del Inpec, encargado de la custodia de los presos en las cárceles del país.

En uno de los borradores se establece solicitar facultades extraordinarias para el mandatario, con el fin de “suprimir, fusionar, modificar y/o determinar la estructura, organización y funciones de las entidades adscritas al Ministerio de Justicia y del Derecho que hacen parte del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario dispuesto en artículo 7 de la Ley 1709 de 2014, modificatorio del artículo 15 de la Ley 65 de 1993″.

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Una de las razones que se exponen es que el Inpec está constituido como un cuerpo de seguridad, pero no cuenta con funciones de relevancia en relación con el tratamiento penitenciario y el respeto de los derechos humanos, que para el Ministerio de Justicia son esenciales para el cumplimiento de función constitucional de pena a prisión.

“La estructura del INPEC está fundamentalmente consolidada como un cuerpo de seguridad, dando menor relevancia a dos aspectos que son esenciales para el cumplimiento de la finalidad constitucional de la pena de prisión: el tratamiento penitenciario y el respeto de los derechos humanos. No se desconoce que en la estructura del INPEC estas dos funciones existen; lo que se afirma es que son dos funciones que no tienen la envergadura que es requerida al interior del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario”, señala el borrador.

La reforma busca la implementación de un modelo de progresividad dentro de la fase de ejecución penal, que también tiene impacto en la labor del Inpec. De acuerdo con el borrador, esto implica que las personas privadas de la libertad pasen menos tiempo en las cárceles.

En ese sentido se buscaría ampliar el rango de condenas excarcelables, así como de los beneficios de prisión domiciliaria, con el fin de tener menos personas a cargo del Inpec, priorizar la justicia restaurativa y superar el estado de cosas inconstitucional que afronta el sistema penitenciario.

Por ejemplo, en la propuesta se contempla que los responsables de delitos sancionados con penas menores a los 6 años no sean enviados a la cárcel, lo que aumenta en dos años el límite actual establecido para acceder a ese beneficio y excluye a varias conductas penales. También se prioriza la prisión domiciliaria para incluir penas hasta los 12 años, señaló El Tiempo.

En los borradores se sustenta esta modificación como un ahorro para el sistema penal y penitenciario, que tendrá eventualmente que invertir menos recursos para la atención de los presos, si estos se encuentran, por ejemplo, en prisión domiciliaria.

En el documento también se señala que el Inpec y la Uspec fueron escindidas para encargarse de aspectos logísticos, administrativos y contractuales, por lo cual deben ponerse de acuerdo para realizar sus funciones en las cárceles, pero esta coordinación no se ha logrado del todo.

“En la condición actual en que se encuentra el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, el Estado no se puede permitir que persistan problemas de coordinación o de diseño administrativo como obstáculos para la consecución de los derechos humanos. Estos bloqueos institucionales deben ser superados de manera inmediata”, dice el borrador.

Esa es la razón por la que se solicitan facultades extraordinarias para el presidente de la República, con el fin de que modifique la estructura de ambas entidades con la adopción de “profundos ajustes administrativos, incluyendo modificaciones al diseño institucional de las autoridades penitenciarias, para que la política penitenciaria y carcelaria dé el salto cualitativo que se requiere para asegurar el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad”, se lee en el proyecto.