Producto del trabajo mancomunado entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijín de la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Seguridad Diplomático de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, se logró desenmarañar una red delincuencial que se dedicaba a ofrecer y suministrar documentos de identidad, como cédulas colombianas y pasaportes, a ciudadanos migrantes provenientes de República Dominicana y Venezuela.
Del los 31 capturados que dejó como saldo la ejecución de la operación Europe Express, uno de los hechos que más ha llamado la atención es que tres de los detenidos eran funcionarios de la Registraduría General de la Nación, mientras que otros tres se desempeñaban en la Cancillería de Colombia, lo cual pone al descubierto una sofisticada red que operaba al mando de dos personas: un ciudadano colombiano y una mujer dominicana.
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Las diligencias de captura y allanamiento se efectuaron en Bogotá (Cundinamarca), y varios municipios y ciudades de los departamentos de Atlántico, Amazonas, Bolívar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cesar, La Guajira y Sucre, sitios desde donde operaban los presuntos miembros de este grupo delincuencial organizado coordinaba todas la actividades referentes al trámite y suministro de registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes fraudulentos.
El modus operandi de la banda
Según lo que informaron las autoridades colombianas, la operación iniciaba desde Barranquilla, y la red cobraba entre $2.000 y $4.000 dólares americanos (es decir, entre $7 y $15 millones aproximadamente) a los ciudadanos dominicanos y venezolanos, quienes emprendían su travesía hasta México o Guatemala para cruzar vía terrestre hacia los Estados Unidos.
Los dos cabecillas tenían a su disposición un número considerable de captadores, colaboradores, tramitadores, dentro de los cuales habría algunos familiares de los líderes de esta empresa criminal.
En total once personas eran las que tenían asignada la tarea de buscar a los migrantes para ofrecerles los trámites y obtener los documentos adulterados; seguido a esto “tres empleados y seis exfuncionarios de la Registraduría estarían a cargo de ubicar registros civiles de personas no ceduladas para suplantarlas”.
Ya en este punto los otros tres empleados y cinco extrabajadores de la Cancillería eran los encargados de “formalizar” en los pasaportes las identidades falsas, cuyo fin era darle apariencia de ciudadanos colombianos a los migrantes y así poder viajar con mayor facilidad a Centroamérica y Europa, y quienes solían tomar dos rutas: Colombia - Europa y Colombia - Guatemala - México - Estados Unidos
Debido a esto la Registraduría Nacional del Estado Civil tuvo que anular 344 cédulas falsas que habrían sido entregadas por la red criminal y de igual forma se constató la expedición irregular de 304 pasaportes.
Los capturados, incluidos las dos cabecillas, fueron presentados ante varios jueces de control de garantías por la Fiscalía General de la Nación, quien les imputó los cargos por conductas relacionadas con delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito.
Debido a esto el ente investigador solicitó que las 31 personas capturadas fueran cobijadas con medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Por su parte el registrador Hernán Penagos destacó que se han cancelado en total 840 cédulas obtenidas mediante falsas identidades y se encuentran bajo análisis 180 registros civiles sospechosos.
Con este resultado las autoridades esperan impactar las redes de tráfico de migrantes que operan en el norte del país, valiéndose de la necesidad de los ciudadanos extranjeros, quienes en su afán de llegar a Europa o Estados Unidos pagan cifras irrisorias con tal de obtener la documentación que les puede abrir las puertas a una nueva vida, pero de forma ilegal.
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