El miércoles 15 de mayo, el presidente Gustavo Petro designó, a través de un decreto, al ministro de Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, como ministro ad-hoc para asumir funciones en el proceso que condujo a la elección del rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña. Esto, luego de que la ministra Aurora Vergara se declara impedida en llevar el caso.
El nombramiento se llevó a cabo por medio del decreto 0571 del 8 de mayo, en el que que indica que Correa asumiría funciones de “inspección y vigilancia con relación a la Universidad Nacional de Colombia, en lo que se refiere al proceso de designación del señor José Ismael Peña como rector”.
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La elección de Peña como rector de la Unal por parte del Consejo Superior Universitario (CSU) ha tomado especial relevancia por la inconformidad tanto del Gobierno como del estudiantado, quienes se han manifestado en contra de la decisión. El caso tomó grueso calibre cuando la ministra de Educación optó por no dejar en firme dicha designación.
Los principales argumentos a rechazar a Peña como rector electo se basan en que el procedimiento de elección no se aplicó a los estatutos vigentes de la Unal:
“La elección de rector tiene dos fases, una de ellas es la consulta a la comunidad académica que no es estrictamente vinculante, pero determina una lista de cinco candidatos de los cuales el Consejo Superior (integrado por ocho consejeros) escoge (…) el Consejo Superior debe tomar en serio esa consulta y si no va a elegir al más importante, debe dar las explicaciones y justificaciones”, aseguró a W Radio el jurista Rodrigo Uprimny, que presentó una demanda de nulidad contra el nombramiento de Peña.
El abogado Uprimny explicó que en la reunión del CSU para elegir rector se cambiaron las reglas, argumentando que una norma permite al Consejo adoptar una metodología para la designación, aunque esto no implica modificar las reglas de decisión fijadas en el Estatuto de la Universidad Nacional y el reglamento del Consejo.
En ese sentido, Uprimny afirmó que la metodología en mención se ha basado en “voto por amenazas que habían recibido algunos consejeros”; además del proceso de votación conocido como “El Método Borda”: “Si hay cinco candidatos, cada consejero dice cuál es el que le parece mejor y ese tiene cinco puntos, cuál le parece el segundo mejor y ese tiene cuatro puntos, y así sucesivamente”, complementó a W Radio.
“Son ocho consejeros y tres de ellos habían anunciado públicamente que iban a respetar la consulta porque, además, consideraban que el profesor Múnera tiene una gran trayectoria académica (…) modificaron las reglas de decisión cinco consejeros que se reunieron unos días antes en la casa del exrector Mantilla y propusieron estas reglas de decisión: voto secreto y Método Borda para eliminar candidatos en las dos primeras rondas”, puntualizó al medio citado.
En ese contexto, el Ministerio de Educación determinó que no podía haber una actuación en el caso por parte de la ministra Vergara, debido a que ella preside el CSU, el mismo que eligió a Peña como rector de la Unal, el 21 de marzo.
Vergara tiene delegadas las funciones de inspección y vigilancia, conforme al decreto 698 de 1993, pero, debido a su participación en el proceso de selección, no es apta para llevar a cabo la investigación correspondiente, explicó la entidad.
Además, la normativa vigente establece que cualquier funcionario que haya tenido injerencia directa en un proceso administrativo no debe intervenir en las investigaciones subsecuentes para garantizar la transparencia y evitar posibles conflictos de interés.
De otro lado, el docente de la Unal Humberto Rosanía ha hecho un llamado para que la Procuraduría General de la Nación investigue a la ministra Vergara, argumentando que el Gobierno ha generado incertidumbre y caos en la institución por omitir el nombramiento de Peña, además, aseguró que el Gobierno ha actuado por encima de “los estatutos, la autonomía y la ley”.
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