Expresidente de Fedegán condenado por paramilitarismo fue reconocido como víctima de las Farc por parte de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctima e incluyó en su sistema al excongresista condenado por parapolítica Jorge Aníbal Visbal, quien también fue embajador de Colombia en Perú y Canadá y presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán.

La acreditación se hace en el contexto del macrocaso 10 de la JEP, relacionado con crímenes no amnistiables cometidos por las extintas FARC.

En su solicitud, Jorge Visbal incluyó a su núcleo familiar como víctimas y señaló que en octubre de 2003 sufrió un atentado con un cohete en la sede de Fedegán en Bogotá. Según lo informado por medios de comunicación en ese momento, un hombre lanzó un cohete contra cuatro vehículos en la sede de los ganaderos, resultando en una explosión que por cinco metros no afectó a Visbal.

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La JEP añadió que Visbal ha sufrido varios ataques a lo largo de su trayectoria como líder gremial y servidor público. Entre los eventos violentos destacaron un ataque armado en la finca de su familia en Sucre en 1975, amenazas y extorsiones por parte de las extintas FARC y del EPL desde 1978, lo que obligó a Visbal y su familia a exiliarse en 1999 en Estados Unidos durante siete años.

Tras evaluar toda la información proporcionada por Visbal, la JEP concluyó que su caso cumple con los requisitos para la acreditación por los atentados sufridos en 2001 y 2003.

También fueron incluidas como víctimas su esposa, Marta Támara García, y su hija, Diana Visbal Támara. Cabe recordar que la Unidad para las Víctimas había acreditado a Visbal y ordenado su reparación en 2021.

En 2019, Visbal fue condenado a nueve años de prisión por un juzgado especializado de Bogotá debido a su vinculación con los paramilitares. Según la sentencia, líderes de las AUC afirmaron que Visbal contribuyó financieramente a este grupo armado a cambio de seguridad.

Según la sentencia, los comandantes de las autodefensas Salvatore Mancuso Gómez y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna o Adolfo Paz, “manifestaron bajo juramento que Jorge Aníbal Visbal Martelo mantuvo, desde 1998 hasta la desmovilización en el año 2005, constantes reuniones con las autodefensas en las fincas denominadas La 7, La 21 y La 53, todas en la zona de Córdoba, demostrando su afinidad con la ideología paramilitar”.

Para evitar el peso de la justicia ordinaria, el excongresista intentó someterse a la JEP como agente del Estado no integrante de la fuerza pública y tercero civil, pero el tribunal lo rechazó en 2022.

Según determinó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en ese entonces, su nivel de participación e influencia en asuntos relacionados con el conflicto armado en zonas ganaderas del país, por los roles desempeñados a lo largo de un tiempo considerable, no concuerda con su escaso aporte a la verdad. La magistratura esperaba obtener, a través de sus testimonios, más información sobre crímenes cometidos en Córdoba por grupos armados ilegales y otros hechos graves de repercusión regional y nacional.

La resolución también indicó que los aportes de Visbal Martelo no aportaron más de lo ya conocido por la justicia ordinaria. Por el contrario, se reveló su intención de desarrollar una estrategia defensiva para controvertir las pruebas presentadas por la justicia ordinaria.

En consecuencia, la JEP ordenó remitir copias de su expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se reactive allí el proceso por el delito de concierto para delinquir agravado, por el cual había sido condenado en primera y segunda instancia en calidad de autor, y que estaba suspendido mientras se definía su situación ante la JEP.

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