Shakira: las cuentas pendientes que la cantante tiene con la justicia española por fraude fiscal

Recientemente se conoció que un juzgado de Barcelona archivó una acusación que la cantante Shakira tenía por presuntamente defraudar cerca de 6.6 millones de euros al fisco español en el 2018. Después de varios años de litigio la defensa de la intérprete de Loba, Hips Don’t Lie, entre otros grandes éxitos musicales, solicitó que se diera fin a la investigación.

La defensa de la artista presentó la petición a las autoridades en febrero de 2024, pues Shakira había reconocido las “obligaciones tributarias” con el fisco español en 2018 y se había comprometido a cancelar la deuda de 7 millones de dólares durante una videoconferencia desde Miami.

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Ante la decisión de la artista, la Fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por el fisco y el Gobierno regional de Cataluña, en nombre de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), dieron el visto bueno para que la cantante haga efectivo el pago, por lo que la jueza encargada del proceso no tenía ninguna excusa para continuar con la acusación.

Con esa resolución, Shakira quedó libre de acusaciones por fraude fiscal. Sin embargo, aún tiene pendiente un litigio contencioso en la Audiencia Nacional española contra la Agencia Tributaria por el ejercicio de 2011 en el que están en juego 65 millones de euros: 30 de ellos corresponden a retenciones acumuladas en los últimos años y otros 35 en sanciones.

Ante la acusación, el equipo de abogados y la agencia de comunicación Llorente y Cuenca, que representa a la artista, emitieron un comunicado en el que comparten la opinión profesional del fiscalista español José Luis Prada, quien consideró “especialmente inconcebible” que haya sido llevado a los tribunales por el ejercicio fiscal de 2011.

A su juicio, no cabe duda que durante ese año la compositora barranquillera no vivió el suficiente tiempo requerido en España para que fuese considerada como residente fiscal en España. “Ese año Shakira se encontraba de gira por todo el mundo, llegando a dar 120 conciertos en 37 países y pasó, como máximo, 70 días en España”, sostuvo el funcionario.

De igual manera, el experto manifestó que la sanción de 35 millones de euros (37,5 millones de dólares), impuesta por el fisco “es manifiestamente contrario al principio constitucional de capacidad económica”.

En paralelo, los abogados Pau Molins y Miriam Company, del bufete Molins, encargado de los asuntos legales de la artista, insisten en que nunca hubo una acción con el propósito de defraudar dinero por parte de su representada, por lo que “no tenía sentido continuar con esta investigación penal”.

La cantante lleva años respondiendo ante investigaciones llevadas a cabo por el Gobierno español. La primera de ellas derivó en un juicio en el que, el pasado mes de noviembre, la artista aceptó el pago de una multa de 7,8 millones de euros (8,3 millones de dólares) y llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la Agencia Tributaria.

Este acuerdo, le evitó el ingreso a prisión, tras asumir que defraudó 14,5 millones de euros (15,5 millones de dólares) entre los años 2012 y 2014. Además, la cantante realizó el pago para no exponerse a un juicio público por los cargos de fraude fiscal.