La Procuraduría General de la Nación ha anunciado la apertura de una investigación disciplinaria contra seis funcionarios pertenecientes al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), el Instituto de Deportes y Recreación (Inder) y Metroparques. Estas acciones se derivan de su posible implicación en la celebración de contratos interadministrativos que habrían sido ejecutados con ciertas anomalías.
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La Segunda Delegada para la Contratación Estatal ha manifestado preocupación tras las denuncias expuestas por medios de comunicación y la Veeduría Todos por Medellín, donde se señala que varios contratos fueron adjudicados directamente entre las entidades mencionadas, estableciendo acuerdos que perjudican a terceros y, aparentemente, benefician a partes específicas.
Asimismo, el Ministerio Público ha indicado que Metroparques podría haber infringido el régimen de inhabilidades e incompatibilidades mediante la firma de acuerdos bajo su responsabilidad, sugiriendo una posible violación legal en sus procesos contractuales.
Entre los investigados se encuentra Álvaro Alonso Villada García, subdirector de gestión administrativa y financiera del Amva; Diana Paola Toro Zuleta, directora general del Inder; Jorge Enrique Liévano Ospina, gerente general de Metroparques; María Eugenia Domínguez Castañeda, también gerente en la entidad; Viviana del Valle Velásquez, jefe de Compras; y Carlos Augusto Jaramillo Villareal, secretario general.
El objetivo de esta investigación es corroborar la veracidad de las acusaciones presentadas, evaluar si estos actos constituyen faltas disciplinarias y determinar si los funcionarios impugnados actuaron bajo alguna justificación que excluya su responsabilidad. Este proceso subraya el compromiso del ente de control con el mantenimiento de la transparencia y la ética en la administración pública.
Vale recordar que la veeduría Ciudadana Todos por Medellín emitió una denuncia sobre irregularidades y posibles actos de corrupción en los procesos de contratación realizados entre 2020 y 2023, sugiriendo un patrón de cartelización que afecta la competencia legítima y manipula la asignación de contratos y precios en el mercado. La investigación de la veeduría abarcó 84 procesos, revelando cómo estos mecanismos ilícitos favorecían la división del mercado y la fijación de precios al margen de la competencia natural.
Según la veeduría, 36 empresas, estructuradas en 8 grupos, participaron en este esquema conjunto con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Inder y la Alcaldía de Medellín, siendo beneficiarias de contrataciones que suman 268.000 millones de pesos; de esta suma, 120.000 millones se destinaron directamente a 22 de estas empresas. Los métodos denunciados incluyen desde la violación del principio de pluralidad en los procesos de licitación hasta prácticas de subcontratación y manipulación de ofertas que buscan perpetuar este círculo de favorecimiento.
Dentro de las tácticas identificadas se encuentra la invitación restringida a cotizar a un número limitado de empresas, algunas de las cuales poseen vínculos entre sí, ya sea por relaciones administrativas, de accionariado o incluso lazos de consanguinidad entre sus representantes legales. De igual manera, se denuncia la selección de una empresa para la ejecución del contrato y el posterior nombramiento de una de las no seleccionadas como interventora del proyecto, lo cual plantea un conflicto de interés evidente.
La veeduría también ha señalado posibles sobrecostos y manipulación de requisitos para favorecer la rotación de contratos entre un grupo cerrado de empresas, algunas de las cuales presentan anomalías financieras como sobrerrentabilidad, crecimiento exponencial de ingresos o la creación reciente de compañías posicionadas para entrar en este circuito de contratación.
Esta compleja trama llevó a que la Fiscalía General de la Nación anunciara el año pasado, la solicitud de imputación contra varios exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y particulares implicados en irregularidades contractuales que involucran a Metroparques, por un valor total que excede los 67.586 millones de pesos, según indicó el fiscal Francisco Barbosa. Este caso pone de manifiesto la necesidad de una vigilancia continua sobre los procesos de contratación pública para garantizar la transparencia y la legalidad en la administración de recursos.
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