
En un reciente encuentro en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, la vicepresidenta Francia Márquez tuvo la oportunidad de abordar las críticas surgidas por la baja ejecución presupuestaria del recién formado Ministerio de la Igualdad.
A inicios de mayo, se reveló que, del total de 1,8 billones de pesos asignados al presupuesto vigente para 2024, solo se ha ejecutado un 0,36 por ciento. Frente a las consultas sobre este particular, Márquez defendió la gestión de la cartera, argumentando que la baja ejecución se debe al breve periodo de tiempo que la institución ha estado operativa.
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“Si hoy no estamos ejecutando, no es porque no podamos, es porque estamos creando una institución de cero”, explicó Márquez. Hizo hincapié en que la creación del ministerio en un tiempo récord es una hazaña sin precedentes en el país: “En 100 años aquí no se había creado un ministerio como el que estamos creando nosotros”.
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Al salir del debate, la vicepresidenta señaló su intención de cumplir los procedimientos estatales en administración pública, a pesar de las limitaciones temporales: “No me pueden pedir más allá, estoy cumpliendo los procedimientos definidos por el Estado en términos de administración pública”.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de la Igualdad en respuesta a un derecho de petición interpuesto por el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, se identificó que una parte significativa del presupuesto se ha destinado a nóminas.
Sin embargo, este gasto no ha sido considerable en términos de ejecución total, ya que hasta marzo de 2024, de los 744 cargos aprobados desde junio de 2023, solo se han contratado 129 empleados, representando el 17% de la capacidad total autorizada mediante uno de los decretos fundacionales de la entidad.
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La justificación de los bajos niveles de ejecución presupuestaria coincide con la explicación de la vicepresidenta: la entidad es una creación, sin aprovechar la infraestructura, personal, ni los recursos de una institución preexistente.
Este enfoque inicial implica demoras debido a la necesidad de establecer los fundamentos administrativos y técnicos de la cartera desde cero, incluida la inserción en el sistema Siif, la solicitud del Rit, entre otros aspectos operativos y administrativos.
Por otro lado, el ministerio ha logrado avances significativos, como la asignación de 20.000 millones de pesos para la implementación del Sistema de Atención, Prevención, Monitoreo y Seguimiento de Violencias basadas en Género, programado para iniciar el 1 de junio.
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Las funciones del ministerio
El Ministerio de la Igualdad, entidad recientemente establecida en Colombia, busca la promoción de la equidad y la lucha contra la discriminación. A través de una amplia gama de funciones, el ministerio busca abordar las diversas formas de inequidad social, económica y política, con un enfoque especial en las poblaciones históricamente marginadas. La baja ejecución podría afectar sus principales responsabilidades que incluyen:

- Desarrollo y ejecución de políticas: formulación, adopción y dirección de políticas, planes, programas, estrategias y medidas para el cumplimiento de sus objetivos y competencias.
- Lucha contra la Violencia y discriminación: adoptar y ejecutar acciones dirigidas a eliminar violencias contra las mujeres y barreras de discriminación.
- Promoción de la participación ciudadana: fomentar herramientas de participación y organización ciudadana para fortalecer la incidencia en políticas públicas y procesos de autogobierno.
- Innovación social: identificar e implementar iniciativas privadas y locales para favorecer la igualdad y equidad desde diversos enfoques.
- Acciones contra la crisis climática: Promover condiciones de igualdad para personas y comunidades especialmente afectadas por la crisis climática.
- Programa de seguridad alimentaria: combatir el hambre y malnutrición a través de un programa coordinado con otras entidades.
- Estímulo de cambios culturales y educativos: fomentar estrategias para reducir discriminación y promover la pluralidad y multiculturalidad.
- Reducción de brechas urbanas y rurales: articular políticas y proyectos para disminuir las desigualdades entre zonas urbanas y rurales.
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