Minería ilegal en el Páramo de Santurbán: grupos ilegales estarían apoderados del territorio en Santander

La creciente tensión en el Páramo de Santurbán no cesa en Santander, pues la compleja problemática que abarca desde la extracción ilegal de oro hasta la presencia de grupos armados ha generado una inquietud constante entre los habitantes y las autoridades locales.

Mineros ilegales, muchos de ellos extranjeros, operan en esta área de más de 4.000 hectáreas, contaminando los ríos con mercurio y cianuro, un hecho que no solo pone en riesgo el ecosistema sino también la salud pública, según informó una investigación de Vanguardia. El municipio de California, a 51 kilómetros de Bucaramanga, se encuentra en el epicentro de esta crisis, donde más de 300 forasteros han irrumpido en busca de apoderarse de las minas abandonadas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La infiltración de estos grupos ha llevado a la extracción de vastas cantidades de oro y plata, estimadas en 10 millones de onzas de oro y 74 millones de onzas de plata, dejando detrás una estela de destrucción ambiental y social.

Sin embargo, la situación se agrava con la admisión de que las autoridades civiles, como la Alcaldía de California y la Gobernación de Santander, reconocen su incapacidad para controlar los territorios mineros. California, con una dotación policial significativamente insuficiente, se halla en una posición vulnerable frente a este desafío, lo que alimenta un ambiente de ley marcial donde prevalece el “reino del más fuerte”.

Pero, la minería ilegal se ha tornado más peligrosa, con los reportes de extorsiones por parte del Clan del Golfo y el surgimiento de un grupo conocido como “Los Paisas”, que han intensificado el temor entre los mineros, algunos ancestrales de la región, que operan bajo el constante riesgo de enfrentarse a estas entidades armadas.

“No hay ley. No hay autoridad”, describieron los mineros de California en diálogo con el medio regional, retratando una realidad donde la impunidad reina sin contención. A ello se suma el hecho de que los llamados relaves, residuos generados por la minería, son transportados hacia Antioquia, donde se les procesa aún más para extraer oro y plata, una práctica que sugiere una red extendida de explotación ilegal.

Frente a esta crítica situación, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, ha hecho un llamado a la intervención de la fuerza pública para recuperar el control de la zona y cerrar los túneles que dejó Eco Oro en el Páramo de Santurbán. “Todos debemos hacer un frente común para que no se registre una pérdida de paz”, señaló la ministra al medio, destacando la urgencia de unificar esfuerzos para proteger el medio ambiente y la seguridad de las comunidades locales.

La zona, sin embargo, no solo enfrenta la amenaza de grupos criminales como el Clan del Golfo, sino también el posible retorno del ELN, aumentando aún más las preocupaciones de seguridad en la región. A pesar de medidas preventivas y de seguridad ya instauradas, como la emisión de un oficio de prevención por la Defensoría del Pueblo en Santander, la efectividad de estas acciones queda en duda ante la magnitud del desafío que implica combatir a las economías ilegales.

“Se requieren medidas de prevención y acompañamiento, para que no sean intervenidos por grupos armados ilegales. Algunos de estos conflictos socio ambientales son minería en los municipios de Soto Norte (Vetas, Matanza, California); minería del carbón en inmediaciones del Páramo del Almorzadero, y además, existen otras situaciones como la extracción ilegal de oro en al menos tres puntos del área metropolitana de Bucaramanga”, señaló la Defensoría.

La raíz de muchos de estos problemas se remonta al abandono del territorio por parte de la empresa canadiense Eco Oro, quien renunció a su contrato de concesión en el 2019, dejando un vacío que ha sido rápidamente llenado por operaciones ilegales y grupos armados.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional Minera enfrentan el desafío de implementar soluciones duraderas que no solo involucren la recuperación del territorio, sino también el establecimiento de prácticas mineras legales y sostenibles.