JEP revocó la sanción contra el director de derechos humanos del Ministerio del Interior

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revocó la decisión de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Responsabilidad (SAR) en el proceso sancionatorio que había abierto contra el director de derechos humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda Villacob.

El funcionario había sido sancionado con dos días de arresto por un presunto incumplimiento a las órdenes impartidas por dicha sala de la JEP, específicamente en la entrega de información respecto a las medidas cautelares impuestas en el cementerio San Martín, en el departamento del Cesar.

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La decisión de segunda instancia se tomó de manera unánime, luego de que el tribunal de paz aceptara el recurso de apelación interpuesto por el director. En el fallo, la JEP resaltó el progreso del Ministerio del Interior en la elaboración de la política pública que busca intervenir los cementerios de cara a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

Así mismo, la sección reconoció que Castañeda Villacob ha tenido una “actitud proactiva para cumplir con la orden de generar un plan de acción en colaboración con el Gobierno y la sociedad civil para abordar los problemas estructurales en esta área, lo que refleja un compromiso institucional significativo”.

Destacó entre estas medidas la creación de una mesa interinstitucional para dialogar con diversas entidades y organizaciones de víctimas sobre los elementos fundamentales que debería incluir la política pública, para la adecuada gestión de cementerios en todo el país.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, esta mesa, presentará resultados el próximo 30 de junio de 2024, cuenta con un cronograma de trabajo acordado, etapas definidas y el respaldo técnico de una organización experta en la materia.

Lo anterior, resaltó la cartera, “(...) como parte del cumplimiento de nuestro Plan de Desarrollo, que por primera vez en la historia incluye acciones concretas en favor de la correcta gestión de los cementerios para facilitar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas”.

Al respecto, el director de derechos humanos del Ministerio del Interior aseguró que respeta las decisiones judiciales y a la JEP en particular. “En ejercicio del derecho de defensa interpuse las acciones legales que me permiten hoy recibir con agrado la noticia de que la JEP, en segunda instancia, reconoce la labor del Ministerio del Interior y revoca la orden dada en primera instancia. Se debe anotar que tal como lo estipulan las bases del plan de desarrollo, las víctimas podrán contar dentro de poco con una nueva política pública para la intervención de cementerios, producto de una estrategia participativa e interinstitucional”, agregó.

Además, el funcionario manifestó, a través de un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter), que para poder apelar dicha determinación primero tuvo que interponer otro recurso.

“En el momento en que una sección de la Jurisdicción Especial para la Paz había considerado que, presuntamente, yo estaba incumpliendo un fallo, se me negó la posibilidad de apelar. Tuve que recurrir, en primer lugar, a una queja que fue favorable y se le ordenó a esa sección aceptar que pudiese interponer un recurso de apelación”, aseguró el funcionario.

Castañeda Villacob fue enfático en decir que, en su momento, acató la orden de arresto y asumió la sanción impuesta “con serenidad y con la convicción de que me encontraba actuando de manera correcta”.

Al revocar la sanción contra Castañeda Villacob, la Sección de Apelación ordenó a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Responsabilidad a que, en el futuro y de acuerdo con lo establecido en sus decisiones, “otorgue y tramite los incidentes de incumplimiento conforme a la ley y conceda efectos suspensivos a las apelaciones presentadas contra las decisiones que impongan dichas sanciones y de esa forma se brinde una segunda instancia que permita garantizar el debido proceso”.