
La Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) dejó en firme la decisión de llevar a juicio al coronel (r) Hernán Mejía Gutiérrez, por su presunta responsabilidad en los mal llamados ‘falsos positivos’.
La decisión se tomó luego de que la defensa del excomandante del Batallón La Popa del Ejército Nacional, interpusiera una solicitud de nulidad contra el escrito de acusación presentado por la Fiscalía de la JEP el 31 de julio de 2023. La Sección de Apelación rechazó dicho recurso y ahora, el compareciente deberá enfrentar un juicio en su contra.
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En la solicitud de nulidad, la defensa del exmilitar señaló que el escrito de acusación estaba viciado. Dos de los argumentos principales fueron que a Mejía Gutiérrez se le acusó de cometer crímenes cuando este ya no era parte de las Fuerzas Militares y que habían “incongruencias” entre la imputación inicial y la acusación final en su contra.
Sin embargo, en un fallo emitido el 24 de abril, la JEP señaló que no había ningún argumento contundente para que la nulidad prosperara, pues tanto la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y las organizaciones de víctimas, habían proporcionado informes detallados sobre cómo se habrían cometido los crímenes por los que se le acusó.
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“En la acusación se señalan no solo los nombres de cada una de las víctimas directas y las no identificadas, sino también se describe cómo, cuándo y dónde ocurrió cada hecho victimizante y cuál fue la participación o relación del acusado en clave de las actuaciones realizadas para darles apariencia de legalidad”, se lee en el fallo de la JEP.
Así las cosas, el tribunal de paz afirmó que el coronel Hernán Mejía acudió a ese recurso con el objetivo de dilatar el proceso que se adelanta en su contra.
“La anulación requerida se percibe entonces ahora, no como un intento por salvaguardar el debido proceso y el derecho defensa del implicado, sino, más bien, como una maniobra dilatoria de la defensa. Por tanto, la pretensión de nulidad asociada a los hechos jurídicamente relevantes tampoco tiene trascendencia, no está acreditada y no es instrumentalmente aceptable”, sentenció la magistratura.
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De acuerdo con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía de la JEP, entre diciembre de 2001 y noviembre de 2003, “Publio Hernán Mejía Gutiérrez ideó, diseñó y ejecutó a través de un Ilegal Aparato Organizado de Poder un plan criminal que consistió en asesinar personas de la población civil y presentarlas como bajas en combate, motivado por darle a la sociedad una falsa percepción de seguridad y con el que pretendió consolidar la imagen de ser el mejor oficial del Ejército Nacional”.
El tribunal señaló que Mejía Gutiérrez abusó de su posición como alto oficial del Ejército y, en contravía de sus deberes constitucionales y de la lealtad que le debía a la institución de la que hacía parte, “utilizó los recursos humanos, logísticos y financieros del Estado para crear en el Batallón La Popa el Ilegal Aparato Organizado de Poder a través del cual causó la muerte y desaparición de integrantes de la población civil”.
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En la ejecución del plan que ideó, junto con algunas de las personas bajo su mando en el Batallón La Popa, el coronel hizo una alianza con el grupo armado ilegal frente Mártires del Cesar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Un dato revelador del escrito de acusación fue que fiscales e investigadores de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP establecieron que Mejía Gutiérrez siempre tuvo claro quiénes iban a ser sus víctimas: jóvenes con carencias económicas, desempleados y población campesina e indígena ubicada en zonas en las que la presencia del Estado era ausente.
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