
El Ministerio de Minas y Energía había emitido por medio de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) una resolución con 15 medidas de refuerzo para garantizar el suministro de energía eléctrica, ante la preocupación por los impactos que pudiera generar el fenómeno de El Niño.
Dichas medidas buscaban incentivar el uso eficiente de la energía, mediante el establecimiento de cobros adicionales o devoluciones en la factura de la luz si el usuario consumía más o menos energía frente al gasto de abril.
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No obstante, el Comité Intergremial del Atlántico alertó sobre posibles aumentos en la tarifa de energía de la región Caribe con la aplicación de dicha resolución, por lo cual el Ministerio de Minas anunció el martes 30 de abril que la daba por terminada.
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“Las tarifas de energía eléctrica subirán aún más a partir de mayo como consecuencia de la Resolución No. 40116 del Ministerio de Minas que obliga a las termoeléctricas a hacer despachos forzados y fija nuevas reglas para el despacho de las hidroeléctricas. Esa medida ocasiona incrementos en el costo de las restricciones a través de las cuales se distribuye el costo de la generación forzada del parque termoeléctrico”, señaló la entidad gremial en un comunicado.

El Comité Intergremial le pedía al Gobierno nacional que en vez de buscar reducir el consumo de energía mediante incentivos o castigos a los usuarios, aplicara medidas para lograr una mayor eficiencia en la generación, transmisión, distribución y comercialización.
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Además, aseguraba que aunque la intervención del Ministerio de Minas había reducido artificialmente el precio de la energía en bolsa, el impacto de ese hecho sería superado por el incremento del costo de las restricciones aplicadas a la generación y no tendría ningún efecto en el propósito de superar las amenazas de racionamiento.

Las decisiones del Gobierno se veían reflejadas en el aumento significativo del componente de restricciones en el costo unitario de la energía eléctrica.
En los primeros días en los que se aplicó la resolución, el componente pasó de 8 pesos por kilovatio/hora a 256 pesos por kilovatio hora. A eso se esperaba que se sumaran otros incrementos en los pagos de saldos de deudas, los costos derivados de una menor oferta de energía menor a la demanda y las multas por exceder los consumos.
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De acuerdo con el Comité, las medidas del Gobierno premiaban a las ineficiencias de algunas hidroeléctricas y comercializadoras y trasladaba los costos a los usuarios finales, lo cual hubiese afectado también al sector industrial.

Así mismo, el gremio destacó el efecto sobre los autogeneradores, quienes enfrentan una disminución en su rentabilidad debido a la baja de precios en el mercado de energía. Además, la resolución emitida por la Creg establecía aumentos significativos en las tarifas, sancionando el consumo excesivo de energía, lo que podría representar un obstáculo para la recuperación económica en la Región Caribe.
En su comunicado, el Ministerio de Minas expresó que “se ha atendido el llamado ciudadano especialmente del Caribe colombiano”, por lo cual “con el fin de evitar afectar tarifas de energía, desde el Ministerio de Minas y Energía, como cabeza de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, anuncia que se dan por terminadas las medidas de dicha Resolución”.
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La cartera expresó así mismo que la ciudadanía atendió el llamado para ahorrar energía “evidenciado en la disminución sostenida de aproximadamente el 4% de la demanda” y destacó que las lluvias permitieron la recuperación de los embalses, por lo cual decidió derogar la resolución.
De todas formas, indicó que mantendrá en firme otras medidas mientras se da por superado en su totalidad el tiempo de sequía. “Mantendremos otras medidas que buscan desconexión y gestión de la demanda especialmente para grandes consumidores, al igual que continuaremos haciendo el llamando sobre la necesidad del cuidado del agua y la energía”, expresó la cartera en su comunicado.
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