Secuestro de dos jóvenes en el norte del Cauca fue denunciado por comunidades indígenas

A través de un comunicado, el resguardo indígena Páez de Corinto, del norte del Cauca, denunció el secuestro de dos jóvenes en el casco urbano de este municipio.

De acuerdo con el documento, sujetos armados llegaron hasta la zona, abordaron a Stiven Cuetia y Janner David Biscué, los obligaron a subir a un vehículo y se los llevaron con rumbo desconocido.

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La comunidad se encuentra preocupada porque ya son seis las personas secuestrada por grupos armados en esa zona del país. De acuerdo con el comunicado, el Resguardo Indígena advirtió que “según informaciones, fueron conducidos hacia la zona rural de Corinto, sobre la vía que conduce al corregimiento de Los Andes”.

Además, el documento añadió: “Por solicitud de las familias se publican sus fotos, además que las mismas piden apoyo para su búsqueda y ubicación para que puedan retornar a sus hogares, haciendo un llamado para que les respete su integridad”.

Por su lado, el consejero mayor del Consejo de Regional Indígena del Cauca, Cric, Jhoe Sauca, rechazó los hechos y afirmó que las comunidades ancestrales exigieron la liberación inmediata de las jóvenes. “Sus familias, las comunidades les exigen a los grupos armados se les respete la vida y puedan ser regresados sanos y salvos a sus hogares”, expresó.

También indicó que las guardias han estado realizando recorridos y actividades de control para dar con el paradero de los jóvenes, pero aseguró que la situación no ha sido fácil.

El dirigente afirmó que en varias ocasiones han manifestado la necesidad de que la sociedad civil y sus expresiones organizativas “requieren estar sentados en una mesa de diálogo para poder ser proponentes de los mecanismos humanitarios que puedan permitir avanzar de una manera concertada en la construcción a la paz y desescalar la violencia en los territorios que están sufriendo en estos momentos”, detalló el consejero.

Janner David y Stiven, dos jóvenes recientemente secuestrados, se añaden a la creciente lista de personas retenidas, entre las que se encuentran dos miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, un civil y un militar profesional. Estos secuestros han sido atribuidos al Estado Mayor Central de las FARC, operando especialmente bajo la columna Jaime Martínez en la región norte del departamento.

Secuestro de funcionarios del CTI en Cauca

Las disidencias de las FARC admitieron la captura de dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y una acompañante civil en el departamento del Cauca, marcando un recrudecimiento en las acciones hostiles en la región.

Bethy Amanda Mage Imbachi y Gerzón René Rivera Fernández, ambos funcionarios del CTI que ejercían labores de policía judicial, junto a María Yeni Ruiz, civil que los acompañaba, fueron reportados como secuestrados mientras retornaban de una comisión de verificación dentro de una investigación.

El incidente se produjo en la zona rural de Dominguillo, municipio de Santander de Quilichao, señalando la vulnerabilidad de aquellos que transitan o trabajan en zonas bajo influencia de grupos armados.

La reacción no se hizo esperar, con la Fiscalía General de la Nación manifestando su repudio a través de un comunicado en redes sociales: “La Fiscalía General de la Nación rechaza el secuestro de los servidores del CTI Bethy Amanda Mage Imbachi y Gerzón Rene Rivera Fernández, pide respeto por su vida e integridad física, y exige su liberación inmediata a las disidencias de las Farc Gaor Dagoberto Ramos”.

El Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental de las disidencias de las FARC, por su parte, en su comunicación alegó haber capturado a los individuos en “una zona bajo control político y militar” de su mando, sugiriendo un malentendido potencialmente fatal al confundir las tareas de policía judicial con actividades de inteligencia. Tal confusión destaca la delicada línea que separa las diversas funciones y cómo estas son percibidas por grupos armados en conflicto.

“La ruptura al cese al fuego pone en riesgo a militares, policías y demás funcionarios del Estado”, añadió el documento, enfatizando el incremento de riesgo en la región.