Exfuncionarios del Incoder y paramilitares se aliaron para robar las tierras de los campesinos en Colombia

Según informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), existió una alianza entre el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y los paramilitares, creada para robarse las tierras de los campesinos colombianos. El instituto estaba encargado de adjudicar predios baldíos del país a las familias campesinas, para que pudieran poner a producir la tierra, pero, al parecer, hizo todo lo contrario.

De acuerdo con el exdirector del Instituto de Desarrollo Rural, Incoder, Carlos Eduardo Reyes Jiménez, hubo nexos entre algunos frentes paramilitares del Cesar y la entidad para favorecerlos. Todo el proceso se llevaba a cabo por medio de testaferros, cuyos nombres terminaban en los documentos en los que se acreditaba la propiedad de los predios, que eran en realidad de los campesinos.

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“Estas operaciones ilegales se cometieron en alianza y en respuesta a los intereses de los frentes ‘Mártires del Cacique de Upar’ y ‘Juan Andrés Álvarez Pastrana’, del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como también para satisfacer los intereses de actores económicos privados de la región”, explicó el exdirector del Incoder, citado por W Radio.

En todo este entramado también participaron servidores públicos y terceros civiles, que terminaron impulsando el desplazamiento de forzados de familias enteras. Simplemente, mediante trámites aparentemente legales, despojaron a los campesinos de sus tierras, comprándolas a “precios irrisorios”, luego, las acaparaban y finalmente las reasignaban a través de procesos irregulares.

Fue así como los sectores privados del país, así como el minero, palmero y ganadero, fueron favorecidos a costa del despojo. Pues, con la compra de los predios y la reasignación, terminó implementándose una “contrarreforma agraria” de la que fue víctima la población civil. Estos hechos ya habían sido mencionados por exparamilitares del Bloque Norte de las AUC, que entregaron declaraciones a la JEP sobre sus actuaciones y, ahora, el mismo exdirector del Incoder, las confirmó, confesando también sus nexos con los actores armados.

“La información suministrada por Reyes sobre sus actuaciones impulsa el llamado de miembros de la fuerza pública y de terceros civiles a rendir versión voluntaria ante la JEP por estos mismos hechos”, indicó la Jurisdicción Especial para la Paz, citada por la emisora.

Incoder: una entidad manchada por la corrupción

La entidad nació en 2003 luego de que se fusionaran el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (Inat), el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI) y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Inpa). Sin embargo, fue liquidada en 2016 y desde entonces todos los procesos de entrega de tierras los lleva la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

Según el exgerente del Incoder Mauro Palta Cerón, el fin de la entidad se debió a irregularidades que se encontraron en el trabajo que debía hacer y en el manejo de los recursos. “El Incoder, como muchas entidades del Estado, tuvo problemas de corrupción y ese fue el factor principal para que el presidente (Juan Manuel Santos) ordenara su supresión y liquidación. En el proceso liquidatorio identificamos que estaba mal para recomponerlo. Se lograron presentar las denuncias y abrir las investigaciones disciplinarias pertinentes dentro de nuestra competencia”, explicó en su momento el exfuncionario, en conversación con la revista Semana.

El robo de predios ya había sido alertado en 2012, cuando el mismo Instituto y la Procuraduría General de la Nación manifestaron que más de 100.000 hectáreas de tierra habían sido usurpadas mediante autorizaciones de adjudicación irregulares. De acuerdo con El Espectador, se entregaron casas de veraneo, locales y fincas sin ninguna autorización y, la entonces gerente del Incoder, Miriam Villegas, indicó que se sospechaba de funcionarios y excontratistas de la entidad. “Hay una red corrupta en la que participan particulares, intermediarios, personal de registro, notificadores, entre otros eslabones aún no detectados”, aseguró.