
Con una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, los abogados Stewing Arteaga Padilla y Nixon Torres Cárcamo, que llevan la defensa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del mandatario, en el proceso que adelanta en su contra la Procuraduría General de la Nación en su contra, por conductas relacionadas con su actuación siendo diputado del Atlántico, pidieron al gobernante que se les pague sus honorarios.
En el documento al que tuvo acceso Infobae Colombia y otros medios, desde el 5 de noviembre de 2023 existía el compromiso de que, por parte del exdiputado, se iba a saldar la deuda por los servicios que han adelantado en defensa del primogénito del primer mandatario. No obstante, aún no se procede a pagar los honorarios por el trabajo de ocho meses, pues asumieron la defensa en agosto de 2023.
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“Nos dirigimos a usted para que, en la medida de las posibilidades, si a bien lo considera, instruya a quienes considere, de que se nos cancele el saldo insoluto”, indicaron los letrados, que explicaron en su misiva la labor que han hecho para que se garanticen los derechos políticos del joven, que a la par afronta un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
¿Por qué es investigado Nicolás Petro por la Procuraduría?
El caso que afronta ante el Ministerio Público está relacionado por presuntamente haber recibido dineros irregulares para financiar la campaña presidencial de su progenitor, en los comicios de 2022. En específico de personajes como Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso El Turco Hilsaca, que si bien tenían como destino las finanzas de la aspiración, terminaron en poder del investigado.

“Nuestro desempeño hasta este momento, entre otras connotaciones positivas, ha sido el generar respeto total hacia la dignidad humana de nuestro defendido, sin dejar que cualquier funcionario del ente investigador se burle de nosotros y mucho menos de los derechos humanos de su hijo”, remarcaron los abogados, que esperan que sean abonados los honorarios adeudados por Petro Burgos por su labor.
Es válido precisar que estos dos profesionales del derecho son diferentes a los que tiene el hijo mayor del presidente en el juicio que se adelanta en su contra por los punibles anteriormente mencionados, en los que cuenta con los servicios de la firma Páez Martín y los oficios de los abogados Diego Henao Vargas y Sebastián García Rincón, que son los que han comparecido ante el juzgado segundo de Barranquilla.
En el proceso de defensa, los abogados mencionaron que como parte de la defensa han establecido el interrogante acerca de si la Procuraduría General de la Nación es competente para adelantar y proferir decisiones en contra del defendido. Por lo cual, han avanzado en la aplicación de la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente en el caso de Gustavo Petro, en 2013, cuando fue inhabilitado por el entonces titular del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez.
Hasta el momento no se conoce la respuesta por parte del hijo mayor del presidente de la República sobre esta polémica acusación, como tampoco del jefe de Estado, que a través de su perfil de X ha evitado pronunciarse acerca de los reclamos de los letrados, que dejaron en evidencia al exdiputado: en un lío más que se suma al ya extenso prontuario que tiene encima el hijo mayor del jefe de Estado.
Es preciso recordar que dos de sus abogados, por motivos que al parecer no estarían relacionados con temas económicos, habían desistido de seguir con su defensa: Juan Trujillo y David Teleki, que estuvieron presentes durante la legalización de captura e imputación de cargos contra el joven político, al comprobarse un incremento injustificado de su patrimonio en $1.053 millones.
Este es el documento con el que los abogados cobraron al presidente Gustavo Petro la deuda por la defensa de Nicolás, su hijo:

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