Fiscalía acusó a dos exgobernadores por direccionar contrato con sobrecostos por más de $1.600 millones

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a dos exgobernadores del departamento de Vichada por presuntamente haber direccionado millonarios contratos relacionados con el suministro de inmobiliario y software.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia fue la encargada de acusar a Sergio Andrés Espinosa Florez y Manuel Alberto Villalba Tavera, como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

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De acuerdo con la Fiscalía, el 23 de diciembre de 2015 el departamento celebró un contrato con la Unión Temporal Dotación Vichada, cuyo objeto fue la dotación del Centro de Formación e Investigación en Energías Renovables (CINER), por valor un valor superior a $2.318 millones, que correspondían a recursos provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.

Los elementos de prueba indican que el entonces gobernador Espinosa Flórez presuntamente favoreció al contratista, previo acuerdo con algunos particulares interesados en el proyecto, y definió las condiciones y términos del contrato, con un presupuesto oficial que superó los costos del mercado.

De otra parte, Villalva Tavera, como gobernador encargado durante distintos meses en el año 2015, certificó la disponibilidad de los dineros, abrió la licitación pública como un simple requisito formal, suscribió el pliego de condiciones sustentado en múltiples irregularidades, participó en la adjudicación y celebró el contrato.

Para el ente acusador, las actuaciones de los exgobernadores habrían permitido la apropiación de dineros en favor de la unión temporal en cuantía superior a $1.600 millones, por concepto de sobrecostos.

Varios contratistas fueron imputados

Por las irregularidades detectadas en el proceso de contratación de la dotación del CINER, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control garantías a uno de los integrantes de la unión temporal presuntamente beneficiada, y dos intermediarios. Les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Los investigados son: el representante y contratista, Manuel Eduardo Torres Robayo; y Luciela Gallo Álzate y César Augusto Zambrano Garnica. Estas personas no aceptaron los cargos por los que se les acusó.

Corte Suprema absolvió a otros dos exgobernadores de Vichada

El 12 de abril de 2024, la Corte Suprema de Justicia tomó una importante decisión sobre la investigación que inició la Contraloría General de la República, en la cual se cuestionó que se celebraron varios contratos en 2001 y 2002 para educación en Vichada, sin la observancia de los requisitos legales.

El alto tribunal absolvió a Alfonso Fernando Bustos Ojeda y Reinaldo Rogelio Ortiz Rebolledo, que estuvieron en calidad de encargo al frente de la Gobernación del departamento y fueron acusados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Bustos Ojeda fue procesado por el presunto fraccionamiento de la contratación para el suministro de víveres para los núcleos educativos de dicha circunscripción; sin embargo, la Sala encontró que la decisión de dividir el objeto contractual obedeció a motivos razonables, como son la accidentalidad del territorio, su amplia extensión y las condiciones de orden público.

A Ortiz Rebolledo se le investigó por los estudios previos para comprar la dotación del personal administrativo de la secretaría de educación, pues en ellos no se detallaban los bienes que iban a ser adquiridos, ni el método para seleccionar al ganador.

La Sala consideró que, en razón al objeto del contrato, su modalidad y la época de los hechos, el proceso de contratación sí contó con información suficiente sobre ambos aspectos.

“(La Fiscalía) no probó, más allá de toda duda, que esa división obedeció a una postura caprichosa de los funcionarios de turno con la finalidad de defraudar los principios de la contratación estatal para favorecer a determinados contratistas”, se lee en la sentencia de la Corte Suprema.