
No paran los inconvenientes para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien también estaría en una lista internacional de las instituciones de seguridad de los Estados Unidos, según se insinuó en una reciente columna de opinión de Yohir Akerman.
Y es que la relación entre la política y el narcotráfico en la década de los 70 y parte de los 80 atrajo la atención del país norteamericano, después de que la DEA lograra identificar que el presidente Julio César Turbay recibió dinero ilegal justo cuando se encontraba en campaña para llegar a la Casa de Nariño.
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Pero las investigaciones, que fueron reveladas después de 47 años, mantienen datos privados que seguirían siendo objeto de investigaciones y que incluiría una larga lista de políticos activos, incluido el expresidente Uribe, que dejaría expuesta la intrincada relación entre la política de alto nivel en Colombia y el narcotráfico.
La columna publicada en Cambio mostró, mediante un recorrido cronológico, cómo estos lazos han permeado las estructuras de poder, apoyándose en documentos desclasificados del gobierno estadounidense. “Los informes revelados por el Archivo de Seguridad Nacional demuestran vínculos de Turbay Ayala con el narcotráfico, dejando entrever que es posible que futuras revelaciones puedan arrojar luz sobre otras figuras políticas, incluido Uribe Vélez”, señala en su texto.
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Los documentos, datados en la época en que Jimmy Carter ocupaba la presidencia de Estados Unidos, indican que Turbay Ayala estaba “nada más ni nada menos que relacionado con tráfico de cocaína”. Pero su atención también se centró en Álvaro Uribe Vélez y su gestión al frente de la Aeronáutica Civil.
“Uribe, nombrado por Turbay Ayala, concedió más de 200 licencias a aeronaves o pistas de aterrizaje, muchas de ellas en manos de narcotraficantes”, detalla la investigación. Este hecho significó un punto de inflexión, pues al dejar el cargo, su sucesor en el ministerio de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, ordenaría la suspensión de dichas licencias, en un esfuerzo por contrarrestar la influencia del narcotráfico en el país.
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Y es que las acciones del entonces director de la autoridad aeronáutica habrían afectado fuertemente la política y la sociedad colombiana, pues sería durante los 18 meses de gestión de Uribe que se fortalecieron las economías ilícitas del país.
De hecho, entre 1980 y 1982, se facilitó el movimiento de cargamentos ilícitos, beneficiando directamente al cartel de Medellín. De hecho, la decisión de Lara Bonilla de ir en contra de las decisiones del joven Uribe pudo ser el detonante del desenlace fatal del político.
Pero la decisión de conceder licencias a varios familiares de los capos más temidos de Colombia también habría traído beneficios para Uribe, incluido su nombramiento en la junta directiva de Comfirmesa S.A., una empresa de Luis Carlos Molina Yepes, apodado el banquero del cartel de Medellín, dedicada al lavado de activos. Sin embargo, un documento conocido del expresidente reveló que no aceptó ese cargo, lo que implicó también la ruptura de su estrecha amistad con Molina: una “vieja amistad que los unía, y reiterando la expresión de aprecio”.
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En total, Uribe Vélez igualó en apenas 18 meses el histórico de licencias que tenía el país. De hecho, antes de su llegada, en Colombia había 2.339 licencias vigentes, mientras que Uribe logró aprobar en apenas año y medio un récord de 2.242 solicitudes, al parecer, muchas de ellas pedidas por los capos del narcotráfico.
“Las matrículas canceladas un año después de la salida de Uribe de la Aerocivil fueron una importante medida del gobierno del presidente Belisario Betancur. En especial porque entre las naves que se pusieron en tierra figuraron treinta de los Ochoa, diez de Pablo Escobar, diez de Gonzalo Rodríguez Gacha y cuatro de Carlos Lehder Rivas”, señaló el periodista.
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