Un ambicioso proyecto de vivienda en Zipaquirá, Cundinamarca, conocido como Ciudadela Residencial Zuá, se ha visto envuelto en una controversia que culminó en un enfrentamiento legal entre los socios originales del proyecto y la empresa constructora Ecoinsa Ingeniería SAS. Este conflicto arrojó luz sobre una disputa por incumplimiento contractual y presunta administración desleal que ascendería a 13.629 millones de pesos.
Una investigación del diario El Tiempo reveló que los socios fundadores del proyecto, Mario Combariza, Juan Carlos Arias y José Alejandro Concha, señalaron a Juan Daniel Flórez Páez, director de Ecoinsa, por no cumplir con los acuerdos estipulados y dejar de informar sobre el progreso del proyecto. Este conflicto se intensificó tras la retirada de Cemex, una multinacional mexicana, que inicialmente adquirió el 60% del proyecto inyectando 21.418 millones de pesos, pero posteriormente se desvinculó por cuestiones de gobierno corporativo.
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El proyecto, que inicialmente contemplaba la construcción de 1.800 apartamentos en varias torres de 12 pisos, de los cuales la mayoría serían viviendas de interés social (VIS), se enfrentó a impedimentos significativos después de la salida de Cemex.
La situación escaló hasta llevar a los socios a un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde denunciaron a Flórez y a Ecoinsa por incumplimiento de contrato. El tribunal falló el pasado 10 de noviembre, condenando a Ecoinsa a pagar a los demandantes la suma total de 13.629 millones de pesos, además de asumir las costas del proceso, valoradas en 1.167 millones de pesos.
Sin embargo, la resolución del tribunal no marcó el fin de la disputa. Flórez presentó un recurso de anulación ante el Tribunal Superior de Bogotá, el cual fue rechazado el 28 de febrero, manteniendo la condena inicial. “El proyecto existe, están las torres, está todo. Cuando un proyecto está vigente, usted no puede hablar de liquidar algo que está vivo y en el fallo hicieron como si el contrato de cuentas en participación no estuviera vigente”, afirmó Mónica Llinás, apoderada de Ecoinsa, al medio mencionado.
“Los denunciantes tienen que demostrar lo que hayan dado para la participación, cuánto invirtieron. Ellos no dieron un peso, todo se hizo con créditos que respaldó la empresa Ecoinsa”, agregó la abogada.
Los antiguos socios, ahora abocados a una batalla legal con más propensión a escalar, están preparando una denuncia ante la Fiscalía por administración desleal y defraudación patrimonial, basándose en la presunta disposición ilegal de recursos millonarios, según reveló El Tiempo. A pesar de que una denuncia previa por administración desleal no prosperó, la confianza en la justicia permanece intacta.
Esta confrontación legal entre Ecoinsa y sus exsocios subraya las complejidades inherentes a los proyectos de desarrollo urbano de gran escala, especialmente cuando involucran a múltiples partes con intereses divergentes. Lo que comenzó como una visión compartida para transformar dos magníficos lotes en Zipaquirá en una ciudadela moderna se ha transformado en un enredo legal que desvía la atención de su objetivo original: proveer vivienda accesible a las comunidades locales.
Qué son las viviendas de interés social (VIS)
De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, son proyectos de construcción que tienen el objetivo de asegurar el derecho a una vivienda para los hogares con ingresos bajos, cumpliendo con normas de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y construcción sostenible, y cuyo costo no supera los 135 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (Smlmv).
La meta establecida para la política de vivienda en este cuatrienio consiste en comenzar la edificación de un millón de nuevas viviendas, adoptando un enfoque integral que incluye acciones dirigidas a simplificar a los hogares colombianos el acceso a la vivienda y mecanismos para asegurar la disponibilidad de terrenos urbanizables destinados a la construcción habitacional. Esto se logrará mediante estrategias diseñadas para fortalecer el equilibrio entre la oferta y la demanda en el marco de la política habitacional.
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