Revelaron el ‘modus operandi’ de La Inmaculada para extorsionar en Tuluá: controlaban hasta la venta del cilantro

Tras seis meses de intensas investigaciones, las autoridades en el Valle del Cauca lograron la captura de individuos aparentemente pertenecientes al grupo criminal conocido como La Inmaculada, implicado en operaciones de extorsión en el municipio de Tuluá.

Este esfuerzo coordinado entre varias instituciones culminó en la captura de 21 personas, incluyendo siete líderes y 14 miembros activos de la organización. La operación sacó a la luz el grave impacto que este cartel tenía en la economía local, especialmente en el aumento de precios de productos esenciales para los habitantes de la región.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Con base en lo revelado por las autoridades, La Inmaculada ejercía un control sobre la distribución de alimentos básicos de la canasta familiar en la galería (plaza de mercado) de Tuluá, obligando a comerciantes y distribuidores a pagar cuotas de extorsión bajo amenazas graves y panfletos, lo que resultaba en un considerable encarecimiento de productos como el plátano, el tomate, el queso, cítricos y el cilantro.

Este último producto, por ejemplo, podía llegar a costar cuatro veces su precio normal debido a la influencia del grupo delincuencial, pues mientras que normalmente el cilantro tiene un precio de $4.500, en la ciudad podía costar $18.000. La Policía estimó que los ingresos obtenidos de estas actividades ilícitas ascendían a $250 millones de pesos mensuales, aproximadamente.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, comerciantes y distribuidores de la galería eran contactados por los miembros de la organización mediante llamadas o mensajes.

Luego, “con amenazas de muerte, agresiones físicas a sus trabajadores o ataques incendiarios a sus vehículos, obligarían al intermediario del producto a abastecer únicamente a Tuluá, es decir, constriñen al comerciante para que no lleve a cabo la distribución y venta de este producto a otras plazas de mercado, sino únicamente a la central de abastos de Tuluá”.

El ente investigador también explicó que “momentos después de que el intermediario lleva a cabo la entrega del producto, un integrante del grupo delincuencial mediante fuertes amenazas le exige al mayorista un porcentaje dinerario del costo por kilo del producto agrícola. El bodeguero debe pagar la suma de $500 a $600 por kilo de plátano que recibe para que así le permitieran continuar llevando a cabo sus labores comerciales en la central de abastos.

Entre los arrestados se encuentran figuras claves como alias Omar, presunto jefe financiero de la banda; alias Karen, pareja sentimental de otro miembro apodado El Enano, y alias Santiago, hijo de Omar, que también ejercía labores de tema de financiación y de recaudar las rentas ilícitas que se generaban de la extorsión.

De igual forma, en el curso de los allanamientos, se incautaron de tres armas de fuego, municiones de distintos calibres, 24 dispositivos móviles de alta gama, y evidencia documental de las transacciones económicas ilícitas.

Asimismo, las autoridades propusieron la creación de un centro de acopio regional que permitiría a los productores y comerciantes esquivar el control impuesto por la banda, estabilizando así los precios y asegurando un suministro justo de productos; es de mencionar que este proyecto que busca beneficiar no solo a Tuluá sino también a municipios vecinos.

“Los municipios afectados por esta estructura son Tuluá, Trujillo, La Unión y Riofrio con sus corregimientos de Fenicia, Andinapoles y Salónica. Se está pensando en determinar un área para poder hacer un centro de acopio a donde puedan llegar los productores campesinos no solo de Tuluá, sino de los otros municipios para poder hacer un control de estos precios, y trabajar de la mano de los comerciantes para garantizar el acompañamiento de las autoridades”, expresó, Gustavo Vélez, alcalde de Tuluá.

“Nos tardó una investigación de 6 meses. Se debe resaltar el trabajo articulado con las autoridades política-administrativas, pero sobre todo el valor civil que tuvieron unos comerciantes y productores del Valle que pusieron en conocimiento del Gaula para que nosotros pudiéramos iniciar esta línea investigativa”, concluyó el coronel Élver Alfonso, director de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional.

Los cargos a imputar contra los detenidos incluyen concierto para delinquir, extorsión, homicidio, constreñimiento ilegal y hurto, lo que evidencia la gravedad y el vasto alcance de sus operaciones.