Hoy, 9 de abril, Colombia conmemora el Día Nacional de la Memoria Histórica y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, establecido por la Ley 1448 de 2011. En este día de reflexión y reconocimiento, se destaca la importancia de recordar a las millones de personas afectadas por décadas de violencia en el país.
Para atender a estas víctimas en el año 2024 se cuenta con un presupuesto de 4,4 billones de pesos. Sin embargo, repararlas a todas requeriría un total de 301 billones, lo que llevaría aproximadamente 125 años al ritmo actual, según declaraciones del presidente Gustavo Petro.
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Por eso, la propuesta del Gobierno Petro es actualizar la Ley 1448 de 2011, con el objetivo de agilizar la reparación de las más de siete millones de víctimas del conflicto armado. La primera vez que se anunció una iniciativa de reforma fue haca casi un año, el 10 de junio de 2023, cuando Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, compartió el interés del Gobierno.
Según el Registro Único de Víctimas (RUV), hay 9′681.288 personas reconocidas como víctimas, identificadas de manera única por su número de identificación, nombre completo o una combinación de ambos. El 78% de ellas son sujetos atención y cumplen los requisitos para acceder a las medidas de reparación establecidas en la Ley.
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Del total de víctimas registradas, el 49,7% son hombres, el 50,2% son mujeres, y las 7.000 personas restantes son intersexuales o no se tiene reporte de su sexo biológico.
Estas son las reformas propuestas por el Gobierno a la Ley de Víctimas
La prolongada espera de las víctimas del conflicto armado en Colombia para recibir los beneficios estipulados por la normativa vigente ha suscitado preocupación en diversos sectores. El reconocimiento de indemnizaciones y otros mecanismos de reparación ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades de aquellos afectados por la violencia, según han declarado en varias oportunidades funcionarios del Gobierno como el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Según Osuna, esa ley ha mostrado limitaciones estructurales que deben ser abordadas con urgencia. Entre los puntos clave de la reforma a la Ley de Víctimas se destacan:
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- La búsqueda de la financiación.
- Enfoques diferenciales en la atención de víctimas.
- Articulación con el Acuerdo de Paz de 2016.
- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv)
- Garantizar soluciones duraderas para los afectados.
- Hacer efectiva la restitución de tierras.
- La creación de un fondo de reparación a víctimas.
Otra de las modificaciones, según conoció El Espectador en 2023, incluiría la ampliación del período en el que una persona se puede reconocer como víctima, cambiando el punto de inicio de 1985, como está estipulado ahora, a 1958. Esta extensión temporal busca abarcar una mayor cantidad de situaciones de violencia, alineándose con análisis realizados por instituciones como la Comisión de la Verdad y la JEP.
En la primera década de aplicación de esta ley, la Unidad de Víctimas reportó avances como la habilitación de 234 lugares de atención presencial y la indemnización de 1,1 millones de personas y 28 comunidades, con una inversión total de ocho billones de pesos. A pesar de los avances, solo este año se ha invertido la mitad de lo que se invirtió en la primera década.
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Aunque la ley estaba dispuesta hasta 2021, el gobierno anterior extendió la vigencia hasta 2031. No obstante, bajo el mandato del presidente Iván Duque, el gobierno habría incurrido en detrimento de 4.200 millones de pesos, según la Secretaría de Transparencia de la Unidad de Víctimas.
A pesar de los recursos destinados, la espera continúa para las víctimas que claman por una respuesta efectiva ante sus situaciones sociales.
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