Documentos secretos de la DNI revelarían plan para espiar a expresidentes e interferir en elecciones durante el Gobierno Petro

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habría planeado instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos destinados a los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes de Colombia. Así lo señala un informe reservado conocido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que también documentó presuntas estrategias para interferir en las elecciones presidenciales y cuestionamientos sobre el manejo de recursos y las operaciones de la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.

El documento, identificado como un informe de empalme de 26 páginas, fue elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la agencia. Su contenido reúne fotografías, documentos y análisis basados en información suministrada por funcionarios de la propia DNI sobre el funcionamiento de la entidad durante la administración anterior.

Uno de los principales señalamientos está relacionado con el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual se asignó al DNI una función en la distribución de los vehículos destinados a los esquemas de protección de los exmandatarios.

Según el informe, esta modificación habría permitido a la agencia participar en la asignación de los automotores que posteriormente serían utilizados para presuntas labores de seguimiento e inteligencia sobre las personas protegidas.

DNI habría buscado instalar micrófonos y GPS en vehículos de expresidentes

De acuerdo con el documento conocido por el medio, una fuente humana advirtió que la DNI planeaba preparar con micrófonos y dispositivos GPS los vehículos destinados a la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes.

La disposición que habría facilitado esta participación quedó consignada en el Decreto 0563, expedido dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial. El texto establece que los vehículos para los esquemas de protección y seguridad serían asignados por el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia.

El informe cuestiona la participación de una agencia de inteligencia en ese procedimiento y plantea que el propósito habría sido ejercer control sobre los movimientos de los exmandatarios.

Juan Carlos Restrepo, exconsejero de Seguridad Nacional y exinspector de la DNI, señaló al noticiero que la entidad habría actuado por fuera de sus competencias si efectivamente pretendía intervenir los vehículos de los protegidos.

“Aunque es difícil poder determinar la intención o demostrar la intención que podían tener en esos actos, pues claramente están obrando por fuera del marco de competencias y por fuera del campo de acción de la DNI”, afirmó.

El exfuncionario agregó que la presunta instalación de micrófonos, cámaras o dispositivos de seguimiento en los automotores de los expresidentes supondría una intervención en un ámbito en el que la entidad tendría expresamente prohibido actuar.

El informe también advierte sobre una supuesta estrategia para conseguir que funcionarios de confianza del Gobierno Petro regresaran a la DNI después del cambio de administración. Según el documento, algunas personas habrían sido declaradas insubsistentes sin justificación ni debido proceso, con el propósito de que posteriormente ganaran demandas judiciales y fueran reincorporadas.

Informe señala existencia de una casa clandestina de inteligencia en Bogotá

Otro de los hallazgos está relacionado con una vivienda ubicada a pocos metros de la sede de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que habría funcionado como una instalación operativa no registrada oficialmente por la DNI.

Según la fuente citada en el informe, la casa fue desocupada después de las elecciones presidenciales y los registros sobre su existencia habrían sido eliminados de los archivos oficiales de la entidad.

El documento también advierte sobre la posible presencia de programas maliciosos en computadores y celulares que habrían sido entregados a funcionarios de inteligencia después de un viaje a Moscú, Rusia, para recibir capacitación del SVR, el servicio secreto de ese país.

La alerta señala que los dispositivos podrían haber sido utilizados para instalar malware y acceder a los sistemas de la DNI con el propósito de espiar a la siguiente administración. Por esta razón, el informe recomendó realizar una revisión forense de los equipos.

Contratos de la DNI: dron de $9.000 millones y equipos que no funcionaron

Los documentos conocidos por el medio también contienen cuestionamientos sobre los procesos de contratación de la agencia. Uno de los casos corresponde a la adquisición de un helicóptero no tripulado por 9.000 millones de pesos, destinado a la recolección de información mediante imágenes y videos para labores de inteligencia y contrainteligencia.

De acuerdo con las especificaciones del informe, el aparato tendría un alcance de 600 kilómetros, hasta seis horas de vuelo, transmisión de datos en un rango de 200 kilómetros y capacidad de carga de entre 60 y 120 kilogramos.

Sin embargo, el documento señala que el equipo habría presentado incumplimientos en las especificaciones técnicas y que el contrato se encontraba en un proceso sancionatorio.

Un informe técnico de agosto de 2025 identificó cuatro fallas en los sistemas de comunicación, combustible, caja de engranajes y motor. Estas deficiencias habrían impedido realizar una prueba de vuelo por razones de seguridad.

A esto se suma un siniestro ocurrido el 15 de marzo de 2026. En una comunicación enviada el 13 de abril a la aseguradora HDI, René Guarín, entonces director encargado de la DNI, informó que la entidad adelantaba una revisión para establecer las causas y el alcance de lo sucedido.

El documento también cuestiona que el helicóptero estuviera asegurado por 900 millones de pesos, equivalentes al 10% de su valor de adquisición.

Otro informe de 11 páginas, enviado por la DNI a la Presidencia en septiembre, relaciona la compra de cuatro camionetas Tahoe modelo 2024. Dos de ellas habrían sido acondicionadas con equipos antidrones destinados a la Casa de Nariño. En total, la entidad adquirió tres de estos sistemas por 8.340 millones de pesos.

El reporte también advierte que desde 2024 la DNI no contaba con una plataforma para registrar sus misiones de trabajo, debido a que no se renovó el contrato con el proveedor del sistema.

Restrepo explicó que las operaciones de inteligencia y contrainteligencia deben contar con órdenes y supervisión. “No puede haber una misión de inteligencia o de contrainteligencia sin una orden y sin una supervisión”, sostuvo.

En materia de contratación, el informe menciona otros procesos cuestionados. El contrato 053 del 7 de octubre de 2022, por 580 millones de pesos, permitió adquirir un sistema de detección biométrica, dactilar, facial y de iris que no pudo implementarse por incompatibilidad con los equipos de la entidad.

También aparece el contrato 043 de 2024, mediante el cual se compraron 595 computadores por 1.314 millones de pesos. Según el documento, los equipos presentaban fallas y no tenían las características de un computador corporativo.

Finalmente, una contratación de enero de 2026, por 1.549 millones de pesos, incluyó diez atriles de 14 millones de pesos cada uno y camas de 18 millones de pesos. Estos elementos estarían destinados a las nuevas oficinas de la DNI en Funza, cuya construcción registraba un retraso del 12%.

Hacker de la DNI habría recibido instrucciones para atacar la Registraduría

Entre los documentos internos de la agencia también aparece Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y cuyo nombre figura relacionado con presuntas operaciones informáticas contra entidades estatales.

Según los registros citados, Oyola habría accedido a bases de datos de diferentes organismos para que el área de contrainteligencia pudiera consultarlas. Sin embargo, posteriormente habría perdido esa información.

Después de su paso por contrainteligencia, fue trasladado al grupo de tecnología por decisión del entonces director general Jorge Lemus.

En esa dependencia, de acuerdo con los documentos, habría asumido una misión relacionada con las elecciones presidenciales. Una anotación interna señala que lideraba una red que realizaría trabajos para cambiar resultados de votación del 21 de junio y ejecutar ataques contra la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El señalamiento adquiere relevancia porque Oyola tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta presidencial.

Según la investigación del noticiero, horas antes de esa jornada electoral la Fiscalía adelantó un allanamiento en un apartamento que habría funcionado como fachada de la DNI. Oyola se encontraba en el inmueble, pero escapó antes de la llegada del CTI. En el lugar quedaron computadores, celulares y otros dispositivos.