Luego de la decisión de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia de radicar escrito de acusación en contra del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, acusado de cometer los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, se confirmó el martes 9 de abril el despacho en el que se llevará a cabo el juicio en su contra, en el que se buscará demostrar -por parte del representante del ente acusador– su responsabilidad en los mencionados punibles.
Será el juzgado 44 Penal de Circuito de Conocimiento de Bogotá el encargado, por reparto, de la nueva etapa del mediático caso que tendrá que afrontar el exmandatario, en un proceso en el que el senador Iván Cepeda Castro es demandante y víctima. Este juzgado está a cargo de la togada Sandra Liliana Heredia Aranda, que oficiará como la responsable adelantar las diligencias judiciales relacionadas con el también exsenador.
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“A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal”, indicó la Fiscalía sobre la decisión.
Pendiente fecha del juicio
Por el momento, no se conoce la fecha en la que deberá sustentarse, por parte del ente investigador, a cargo del fiscal delegado Gilberto Iván Villarreal, con más de 29 años de experiencia, los motivos por los que Uribe Vélez será presentado ante los tribunales; luego de buscar, en al menos tres oportunidades y de manera fallida la preclusión y archivo de su proceso, que sigue en consecuencia vigente y a punto de iniciar una nueva etapa.
La determinación de llevar a los estrados al expresidente Álvaro Uribe se tomó meses después de que el 29 de septiembre de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá reiteró su decisión de negar la preclusión en contra del expresidente, y de que el 16 de enero de 2024 el caso fuera asignado al fiscal Primero Delegado ante la Corte, Villarreal, luego de que Andrés Palencia Fajardo renunció al caso, y que Víctor Salcedo se declarara impedido por sus opiniones previas.
“Ahora, el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación y quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados, tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones, que deberá culminar con la emisión de un fallo”, remarcó el organismo de investigación judicial en este caso.
Es válido destacar que no es la primera vez que una togada lleva las riendas en el caso contra Uribe Vélez, pues la jueza del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, Laura Estela Becerra, fue la que negó por última vez que su caso se precluyera; en una determinación que no cayó bien en el exmandatario, que pese a que interpuso recursos judiciales en contra de la decisión, no pudo frenar el avance del proceso, a tal punto de que ya se formuló escrito de acusación.
Se conoció escrito de acusación contra Uribe Vélez
En el documento de 13 páginas, el fiscal delegado Gilberto Iván Villarreal expresó los motivos por los que radicó el pedido de llevar a juicio a Uribe Vélez. Y, a diferencia de lo mencionado por los fiscales Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, que radicaron solicitudes de preclusión en este sentido en actuaciones pasadas, para Villarreal hubo argumentos de peso para que el expresidente afronte un proceso judicial desde los tribunales.
De acuerdo con el fiscal delegado, Uribe “materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos, y/u otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente cierto(a)s o que no correspondían a la realidad”. A su vez, coordinó una estrategia “que le sirviera para falsear versiones contra él”, se añadió en el escrito de acusación, que fue replicado por diferentes medios de comunicación; pese a que la defensa alegó no tener acceso al mismo.
En el texto, asimismo, se señaló que de parte del expresidente se determinó que se ofreciera “dinero u otros beneficios” a los testigos en su contra, por intermedio del abogado Diego Cadena, para torcer los testimonios que lo acusaban de tener nexos con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Al tiempo que, al parecer, indujo en error a la Sala de Instrucción No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, “para obtener de esta, decisiones contrarias a la ley”.
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